Ley Antimoches, Contempla Sancionar el Cohecho, con hasta 12 años de Prisión: RCN

Leticia Arana
Prensaglobal.com
Guadalajara, Jalisco

En espera del aval en sesión de pleno, fue aprobado dictamen de la nueva Ley de Obra Pública para Jalisco, o también llamada “Antimoches”, que contempla además de integrar el testigo y contralores sociales, multas de 22 mil 647 pesos y hasta 12 años de prisión, por el delito de cohecho, esto es, promediar dinero, a cambio de asignación directa de una obra u proyecto, así como vigilar aplicación clara del recurso, afirma la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constituciones del Congreso, Rocío Corona Nakamura:

“…Aquí lo más relevante es que el testigo social no dependerá ni de la SIOP, ni tendrá relación con ningún contratista, sino que se tendrá que reunir una serie de requisitos y llevar un registro correspondiente , la Contraloría del estado o los órganos internos de control de lo municipios, además de importante señalar que en este ejercicio el testigo social, tendrá una situación muy importante la ciudadanía; la participación ciudadana no tiene reversa desde el comité de asignación de obra, el testigo social participará desde que se emite la convocatoria hasta que se haga las licitación y adjudicación, cuando inicie la obra, entonces entrará la contraloría social, hasta que concluya para marcar y observar los errores o deficiencias que se tengan y propongan soluciones correspondiente…”

Indica que esta normativa, cuyo principal propósito es “amarrar las manos para que se repartan los contratos de obra pública diestra y siniestra, a los cuates y amigos”, también precisa análisis al ciclo de vida útil de la obra, a fin de erradicar malechuras, pavimentos mazapán, e improvisaciones. Por otro lado, la prohibición para fraccionar o dividir obra con el propósito de entregarla en adjudicaciones directas, o también asignarla por racimo, proceso en el que participarán varios contratistas, cuyo proyecto podrá ser elegido previo sorteo en presencia del citado testigo social .De igual mano, la imposición de multas por diez por ciento del monto total de la obra, ante retraso en su ejecución. Esta nueva Ley, precisa que no podrán contratar obra pública por arriba de 26 millones de pesos, el poder legislativo, judicial y organismos públicos descentralizados.

En otro asunto, la misma legisladora, confirma el visto bueno a la Ley de Ciudades, para lo cual queda establecido modificar el Código Urbano y Ley de Coordinación Metropolitana , con el propósito de armonizarlos a la Ley General de Asentamientos Humanos , Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuya objetivo principal es priorizar movilidad y vivienda orientada a necesidades ciudadanas, redensificación, resiliencia , Planes Parciales de Desarrollo, Atlas de Riesgo, Reordenamiento Ecológico, esquemas supervisados por un Procurador de Desarrollo Urbano, que en suma, garantice el derecho a la Ciudad.