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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
Tras reconocer que el amparo federal interpuesto por la empresa UBER para ofrecer el servicio sin estar reglamentada o registrada en Jalisco, mantiene rebasadas a las autoridades estatales, el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores Delgadillo, manifiesta a este medio, que dicha plataforma sigue firme y con amplia demanda en Puerto Vallarta, a pesar de su conflicto con el gremio de taxistas amarillos, que la acusa de ruinosa competencia desleal:
“…Debemos de tomar en cuenta que el amparo también protege, es para todo el Estado de Jalisco, entonces en la medida del análisis jurídico que se haga, estaremos evaluando como se podría generar un combate legal, para radicar ese servicio, en dado caso que no se regularice, pero por lo pronto, el amparo les protege en todo el Estado …-…Entonces, sigue sin restricción de alguna manera a prestar el servicio en Puerto Vallarta…?-… si, como lo sigue siendo en Zona Metropolitana , tiene el mismo estatus jurídico, tanto aquí como allá …”
Respecto a disipar las manifestaciones de hostilidad y agresión a cargo de ruleteros amarillos contra conductores de la citada plataforma, asegura que han intensificado el diálogo exponiendo las razones del porqué resulta por ahora, imposible eliminar administrativamente el amparo uberista, y actuar de manera más enérgica, toda vez que ha diferido en ocho ocasiones, las audiencias, en un afán de prolongar tiempos, y continuar sin el freno de las autoridades. Por otra parte, recuerda que se analiza la factibilidad de este servicio en Puerto Vallarta, al considerar que el transitorio de la Ley, expresa que corresponde a la Secretaría de Movilidad, determinar en qué etapa o tiempo, se tendría que ofertar al interior del Estado.
“…Porqué ha sido rebasada la autoridad estatal, respecto al amparo de UBER…?…- Porqué lo atrajeron hacia un Tribunal del Distrito Federal de competencia económica, en el cual lo jalaron de manera que prácticamente nosotros no tenemos mucha competencia…” Indica que pugnarán porque el proceso se realice de forma separada jurídicamente, y con atribución local, a fin de lograr la solución que exige el mandatario estatal.
