Leticia Arana
Prensaglobal.com
Guadalajara, Jalisco
Con la indispensable reforma al Código Penal de Jalisco, el Congreso Estatal, aprobó las leyes secundarias que darán soporte al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual entrará en vigor el primero de enero de 2018, para una rectoría, que busca eliminar todo vestigio de impunidad ante el ejercicio y manejo de los recursos públicos.
Frente a ello, se presentan: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y los Municipios, dirigida a supervisar cuentas públicas, producto de presupuestos o gastos emitidos, y ante lo cual, el Congreso dejará de fincar créditos fiscales que corresponderá a la Auditoría Superior, en tanto que las sanciones penales, correrán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que relevará al actual TAE, mismo que mediante autonomía técnica y presupuestal, dará respuesta a resoluciones y actos de autoridades en la administración pública, asuntos que involucren afirmativa ficta por alteración ambiental y usos de suelo, así como excesos o abuso de autoridades y particulares, al respecto.
Ley de Responsabilidades Políticas y Administración, que supervisará el correcto desempeño de los servidores públicos, esta, exigirá la creación de órganos internos de control para evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de las entidades, organismos y dependencias públicas.
Por otro lado, también se dispone, que ya no será obligatorio para funcionarios, rendir declaración 3 de 3, es decir, informar sobre su situación fiscal, patrimonial y de intereses. Del mismo modo, aprueban operación de contralorías internas en municipios, y aquellas que vigilarán proceder del ITEI, el Instituto Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cabe destacar que previamente, y a fin de revisar tales dictámenes, legisladores en Comisión de Puntos Constitucionales, avalaron cambios al Código Penal Estatal, con el propósito de tipificar como delito, el ocultamiento y falsificación de información sobre rendimientos, así como tráfico de influencias, cohecho, peculado, uso irregular de atribuciones, funciones y enriquecimiento ilícito, para lo cual se contempla triplicar sanciones, hasta nueve años de prisión, inhabilitación y multas que superarán en cien veces, el importe de la Unidad de Medida y Actualización.