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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
Tras anunciarse este viernes, que la Secretaría de la Función Pública ordena inhabilitar por un año, a la Universidad de Guadalajara, para que no firme contratos con recursos federales, a raíz de la omisión administrativa en la que incurrió su inmobiliaria Uniterra, durante contrato asignado en 2012, para construir en Baja California, una unidad de Medicina Familiar del IMSS, el rector, Tonatiuh Bravo Padilla, al reconocer tal falla, sentencia que además de solicitar revisar el fallo, lo apelarán, por considerarlo excesivo:
“… El proyecto ejecutivo, se realizó y entregó satisfactoriamente, sin existir quebranto ni daño patrimonial, en consecuencia se recibió el finiquito correspondiente por parte de la entidad federal; no obstante la dependencia universitaria que desarrolló el proyecto, incurrió en una falta administrativa en los procedimientos para su realización; al momento, la Universidad de Guadalajara, elabora la solicitud del proceso de revisión al que tiene derecho para reconsiderar la sanción…”
Bravo Padilla, después de aclarar también que tal observación, para la cual fue necesario imponer una sanción monetaria por casi 400 mil pesos, no es inédita como se ha manifestado, descarta que la máxima casa de estudios, se vea afectada con eventual cancelación de convenios ya signados con empresas privadas para proyectos relacionados o de beneficio institucional; del mismo modo, sostiene que el monto de esta multa, equivale a mil acciones de diferente índole, realizados por la universidad anualmente, entre estos, investigaciones, estudios, valoraciones y asesorías.
