Leticia Arana
Prensaglobal.com
Guadalajara, Jalisco
Luego de manifestar que la situación por rezago de laudos sin pagar, a cargo de 26 municipios de Jalisco, entre estos Puerto Vallarta, y que ascienden a 130 millones de pesos, es preocupante, considerando adición de intereses diarios, Jorge Arana Arana, diputado priista, presidente de la Comisión de Gobernación, del Congreso, destaca en exclusiva para este medio, que gracias a la gestión emprendida con la sindicatura, por su similar de MC, Ramón Guerrero Martínez, representante del quinto distrito, y ex alcalde del destino de playa, esta demanda que suma 20 millones de pesos, está en franco proceso de solución, sin embargo, es indispensable que se reciba notificación jurídica del tal avance:
“…Nos hemos dado cuenta que ya la autoridad municipal tuvo acercamiento con los demandantes, y estamos tranquilos, porque al parecer se va a llegar a un arreglo, y a nosotros notificarnos de manera formal ,mientras no sea así, tenemos que continuar con el procedimiento, yo hago votos porque se llegue a una negociación, el monto de lo demandado es altísimo, hablar de 20 millones de pesos, es una cantidad enorme para cualquier municipio, no se diga para Vallarta, y donde debo reconocer que quien ha participado positivamente en este asunto, es Ramón Demetrio Guerrero, el diputado por ese distrito,el quinto, que ha estado en comunicación con las autoridades municpales y se ha llegado a buenos acuerdos…”
Refiere que el laudo interpuesto desde 2004 por 34 ex trabajadores despedidos, de los cuales 12 dieron continuidad, deberá resolverse a la brevedad, ya que el Ayuntamiento vallartense, se encuentra en un estatus de próxima suspensión. Cabe señalar que durante la sesión de dicha comisión de Gobernación este jueves, sus integrantes avalaron un listado de 57 solicitudes de cancelación a municipios deudores. De estas, Puerto Vallarta, está a la cabeza con seis, y en una de ellas, se pide supresión del actual cabildo, incluido por su supuesto, el primer Edil, Arturo Dávalos , quien ha manifestado intención de llegar a un acuerdo justo, para la administración y los quejosos, toda vez que es un compromiso heredado .
Finaliza que en el proceso de solución, no está especificado si los demandantes pudieran ser reincorporados a la comuna, o recibir indeminización legal, sin conocer todavía el monto exacto.