Leticia Arana
Prensaglobal.com
Guadalajara, Jalisco
Frente a la necesidad de promover un nuevo Sistema de Fiscalización de los Recursos Públicos, como lo exige la ciudadanía, es indispensable que el Congreso, deje de tener toda la responsabilidad en revisión, arbitrio y aprobación de las cuentas públicas, para que sea a través de una Auditoría fortalecida, y con criterios técnicos, la encargada de realizar tal función y emitir sanciones, con lo que se evitará el manejo político que ha caracterizado a dicho ejercicio, afirma la diputada presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Legislativo Estatal, Pilar Pérez Chavira:
“…El proceso de fiscalización de los recursos, es calificado como una práctica cuestionable y poco benéfica para la salud institucional del Estado de Jalisco, por ello, el día de hoy, queremos compartir con los jaliscienses, nuestra propuesta de retirar a los diputados, el arbitrio en la aprobación de las cuentas públicas, de las entidades y dependencias tanto estatales como municipales, con el objeto de que sea la Auditoría Superior del Estado, fortalecida con nuevas responsabilidades anticorrupción, dotada de un titular sin posibilidad de reelección y que pueda ser removido por no cumplir con eficiencia, prontitud y rigor técnico su trabajo o por actos de corrupción…”
Indica además que tal propuesta contempla que el legislativo estatal, pierda la facultad de fincar créditos fiscales, labor que deberá asumir la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa con nuevos magistrados, quienes a su vez, determinarán la forma de resarcir las afectaciones en la hacienda, dirigida no solo a titulares o encargados de las entidades fiscalizadas, sino a servidores o funcionarios responsables, por mala aplicación o uso indebido del recurso público.
En cuanto a la figura del nuevo auditor, indica que deberá ser nombrado para un período de ocho años, mediante proceso abierto, en consejo consultivo, con la participación de académicos, y entes sociales, que revisarán cumpla requisitos, idoneidad, y principalmente de nula afiliación a corriente política, para ocupar tal responsabilidad.
Por su parte, el coordinador de los legisladores blanquiazules, Miguel Ángel Monráz Ibarra, subraya que este nuevo modelo de fiscalización de recursos públicos, requiere la participación objetiva de los demás grupos parlamentarios, el gobernador, Aristóteles Sandoval, y alcaldes, a fin de alejar toda posibilidad de caer en parcialidades o intereses de partido:
“… Estamos dispuestos a escuchar, las distintas opiniones, porque no vamos a hacer reformas a modo, no podemos hacer una reforma que simplemente cumple los caprichos de un sector, del gobernador o del presidente municipal; esta es una exigencia de los ciudadanos para transparentar el uso de los recursos públicos….”
Cabe señalar que antes de aterrizar y aprobar el Sistema estatal Anticorrupción, para lo cual se tiene como fecha tope, el 18 de julio, deberá quedar claro y avalado el procedimiento de elección del nuevo auditor, un fiscal anticorrupción y la reestructura del TAE, Tribunal de lo Administrativo Estatal, a fin de que quede como Tribunal de Justicia Administrativa, con plena autonomía de gestión.