Gobierno de México espió a Periodistas y Activistas

AP.-Periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por su propio gobierno con ayuda de un programa creado por una empresa israelí que se vende exclusivamente a los gobiernos y que se supone debería ser usado solo para investigar a criminales o terroristas, según un reporte publicado el lunes por el Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto.

Según el informe, en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas mexicanos connotados, como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, que han investigado presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Los periodistas y otros recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran intervenidos.

El software espía Pegasus, de la firma NSO Group, permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto sólo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

Citizen Lab dijo que no tenía “pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México”, pero agregó que la “evidencia circunstancial indica que uno o más… de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables”.

El informe destacó que los personajes espiados estaban involucrados en “asuntos internos de preocupación inmediata para intereses mexicanos poderosos” y que “múltiples agencias federales en México son clientes de NSO”.

México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, pero negó que haber realizado labor ilegal de espionaje.

“El gobierno de la república rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”, asevera el comunicado.

Citizen Lab mencionó que documentó al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto de 2015 y entre abril y julio del siguiente año.

El uso del software fue tan descuidado_ mandar mensajes del mismo dominio y textos idénticos a varios blancos_ que deja entrever que los autores querían que se diera a conocer esta forma de intimidación.

“Los mensajes eran descarados y extremadamente obvios… Si estos textos se hubieran enviado a personas de bajo perfil, probablemente el espionaje nunca se hubiera descubierto. Pero en lugar de eso, los mensajes se enviaron a periodistas de renombre y conocidos, lo que incrementó la probabilidad de que se descubriera todo”, dijo el Citizen Lab.

Loret de Mola expresó, en un video que se presentó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México el lunes, que al principio él había rechazado participar por el contexto que vive México en el que periodistas son asesinados y donde el espionaje parecía algo menor. Él es conductor de un noticiario en Televisa y columnista para el periódico El Universal.

Sin embargo, tras reflexionarlo un poco más cambió su forma de pensar. Dijo que “el espionaje se abre la puerta para que llegue más lejos; la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue”. Destacó que “es claro que quieren que sepamos que nos están espiando”.

Otros blancos del espionaje son miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez _el cual ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa_; la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación que trabaja en una política económica y que combate la corrupción.

Aristegui y su equipo expusieron un caso de posible conflicto de intereses relacionado con una residencia de lujo adquirida a un contratista gubernamental por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista fue atacada fuertemente, según Citizen Lab