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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
El rezago penitenciario que enfrenta Jalisco, detonado por vicios administrativos, no ha permitido resolver el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, así como el autogobierno, reconoce gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, en el inicio de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario , Zona Occidente, donde anuncia que promoverá esquema de certificación con al menos 40 criterios que hagan valer aplicación de justicia y una reinserción consistente, como lo indica la Asociación Americana de Correccionales:
“…Como sabemos la prensa hizo evidente el deterioro de la gestión penitenciaria y las condiciones de ingobernabilidad que prevalecían en los espacios carcelarios de nuestro estado, cuando iniciábamos nuestra administración, no solo había desorden ,sino lo más preocupante, es que el crimen estaba enquistado en los procesos y procedimientos que regían los reclusorios; el riesgo sigue latente, el siguiente paso al que estamos comprometidos es la certificación de todos los centros penitenciarios en estándares internacionales, esta certificación, implica el cumplimiento de 40 estándares obligatorios, nuestros centros penitenciarios también están atendiendo 97 estándares que no son obligatorios …”
Precisa que este tipo de protocolos, sugiere trabajar en siete áreas , priorizando, gestión penitenciaria, protección, seguridad, orden, programas y actividades dirigidas a los internos. Por cierto, precisa que aunque todavía falta mucho por hacer, el nuevo sistema de justicia penal en la entidad, ha permitido despresurizar reclusorios como el Preventivo, pues dejó de albergar a mil 377 internos que ya no ameritaban prisión oficiosa.
Por ahora, añade, la población total carcelaria en Jalisco, asciende a 15 mil 027 personas, de estas la tercera parte, corresponde a primo delincuentes en los fueros comunes y federales. Concluye al decir que durante 2016, mil 738, obtuvieron el beneficio de libertad anticipada, gracias al desarrollo de una política de reconversión e integración social, con cursos, y talleres productivos, así como el impulso al respeto de los derechos humanos, que también permitió la celebración de un matrimonio igualitario al interior de Puente Grande.
