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AFP.-El Senado de México aprobó este miércoles por unanimidad una ley que prohíbe la tortura, práctica que se exacerbó en el país en un contexto de impunidad hace más de una década a raíz del combate militarizado contra el crimen organizado.
Con 90 votos a favor y cero en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, indicó el Senado en un comunicado.
La legislación incluye la prohibición absoluta de la tortura, garantiza que los servidores públicos investigados no puedan interferir, excluye toda prueba obtenida a través de la tortura y establece la coordinación entre las autoridades para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito.
La práctica de la tortura en México y los malos tratos son “generalizados” y serían perpetrados por “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación (…) para la obtención de confesiones o como método de castigo”, denunció en marzo el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, el suizo Nils Melzer.
Según su reporte, la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica son utilizadas en un contexto de “inseguridad e impunidad”.
Desde que el gobierno mexicano lanzó en 2006 una ofensiva militar contra el narcotráfico, se han registrado al menos 177.000 muertos y casi 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales que no especifican cuántas de esas víctimas están relacionados con el crimen organizado.
Esta estrategia también trajo consigo un aumento en las denuncias de tortura.
Del 2006 al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 4.404 quejas sobre trato cruel o degradante, y la secretaría de Defensa Nacional cuenta con el mayor número de señalamientos, aseguró este miércoles la senadora opositora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.
Y en 2012, el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión, subrayó la legisladora, citando una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica.
En general, las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección, comentó Ortega, al saludar que la nueva ley prevé medidas para la atención, protección y reparación a las víctimas.
