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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
Al enfatizar que Jalisco está debajo de la media nacional al ocupar el lugar número 15 endelitos de alto impacto, en contraste con lo que ocurre en Michoacán y Guanajuato que reportan niveles de hasta cien o 200 por ciento, y más recientemente, Nayarit, el fiscal estatal, Eduardo Almaguer Ramírez, desmiente que su dependencia haya autorizado arranque de retenes o “volantas” en la entidad, ya que tal determinación únicamente depende del Gabinete de Seguridad, por lo que también es falso, respondiendo cuestionamiento de este medio, que tal directriz provenga del Ejército:
“…La única instancia que resuelve las estrategias de seguridad que se implementan en el Estado, es el Gabinete de Seguridad del grupo de coordinación, el cual es integrado por dependencias federales, estatales y también ya invitando a algunos municipios; no hay una estrategia en este momento, una decisión de implementar volantas o retenes, se está haciendo un trabajo de revisión y de inteligencia en los cuadrantes muy claros donde hay asaltos, robos u homicidios, con un trabajo de inteligencia muy coordinado, pero nunca se aprobó esa estrategia, desconozco por qué alguien habrá mencionado, pero el gabinete de seguridad, es el espacio donde se definen estas estrategias en materia de seguridad pública…-…Fiscal, es el ejército el que está promoviendo o impulsado estas volantas nuevamente…?-…No, no es el ejército…”
Aclara que es falso presunto anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional y la agrupación SOS México en Jalisco para instrumentar retenes en la entidad, en cambio, sí están reforzando la estrategia del canje de armas, que será por electrodomésticos o dinero, la cual incluso, ya se realiza en varias partes del país.
En otro asunto, Almaguer Ramírez, confirma, la detención de José Fernando “N”, a quien se le atribuye, de acuerdo con las pesquisas o indagatorias, el asesinato de los policías, Antonio Ocegueda y Felipe Núñez, el pasado 17 de febrero, durante una revisión a vehículo, en Tonalá.
El imputado, añade, podría alcanzar pena carcelaria de entre 20 y 40 años.
