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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
A fin de evitar que los apoyos económicos que reciben alrededor de 50 mil personas por programas sociales como Madres Jefas de Familia, Adultos Mayores, Becas Indígenas, de Transporte y el denominado Jalisco Incluyente, sean “moneda de cambio electoral” o que logre ser condicionada su entrega, se iniciará estrategia con la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales que incluye además de capacitación a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, vigilancia y la baja laboral para quienes incurran en ello, sentencia titular de la dependencia estatal ,Miguel Castro Reynoso:
“…No podemos perder de vista algo, este tema no es ocioso, ni es menor , la Secretaría atiende con más de mil 800 millones de pesos con diferentes tipos de programas sociales. Esto nos tiene que permitir a nosotros que todos los funcionarios de la Secretaría , tengan perfectamente claro que deben hacer, cuáles son sus límites y bajo que supuestos no deben de caer en ningún momento, so pena de que si algún funcionario de la Secretaría, se habrá de correr de la Secretaría, no podemos permitir que dentro del gobierno del Estado, alguien haga un uso irresponsable de cualquiera de los programas sociales…”
Admite que han detectado entre cinco y siete por ciento de casos sobre manejo irresponsable en la dotación de beneficios:
“…Detectamos no tintes, manejo totalmente irresponsable, cuadernos con colores, el pantone prácticamente al del partido político del que es original el gobierno, cuadernos en donde había pegotes con el nombre del presidente municipal, mochilas con los colores prácticamente iguales a los de los colores de las instituciones políticas …” Por su parte, el Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales, Ricardo Suro Gutiérrez, al garantizar la colaboración interinstitucional en esta capacitación a funcionarios que elimine toda posibilidad de incurrir en delito electoral, afirma que también se busca que los beneficiarios de programas sociales, sepan cómo denunciarlo: “…Hay una unidad de investigación en el área de delitos electorales.
El tema de las denuncias anónimas es que generalmente no cuentan con elementos; mientras más elementos aporten es más fácil poder consignar un asunto….”
Subraya la existencia de la plataforma 409 en el portal del ITEI, que recibirá también denuncias sobre peculado o desvío de recursos públicos a fines electorales. Este blindaje, finaliza, garantizará la dotación de beneficios ajena a intereses partidistas. De acuerdo a la ley de delitos electorales, las sanciones van de seis meses a 15 años de prisión, según la gravedad.
