Por Brenda Montiel :
Jonathan Franco Martínez no ha recibido indemnización alguna por parte del gobierno municipal, después de que tuvo un accidente dentro de separos municipales en las Juntas, en donde otra persona detenida con quien compartía celda le sacó los ojos.
El gobierno de Puerto Vallarta pretendía darle solo 350 mil pesos por la violación de derechos humanos, aunque mensualmente la Tesorería municipal le otorgó 4 mil pesos, por seis meses, no obstante ya no recibe ni un peso, es como lo informó su abogada Elizabeth Chaparro Sandoval, quien ve esa acción como “un acto de presión” para que acepte la cantidad antes mencionada.
Esta indemnización la hace el gobierno municipal en base a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien también estaba presionando a Jonathan franco para que firmara y aceptara la cifra económica, por tal razón la abogada Chaparro Sandoval solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La Comisión Estatal de Derechos decía firma, firma esto es adicional, no pasa nada, yo tengo copia de ese oficio y ahí mismo en letras pequeñas dice que con eso está resarcido todo (…) nosotros pusimos queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esa presión que la Comisión Estatal estuvo haciendo sobre Jonathan para que aceptara ese dinero y le mentía”
Actualmente Jonathan Franco vive en Guadalajara, en precarias condiciones, razón por la que el despacho jurídico quien lleva su caso está solventando los gastos (trabajos periciales y juicios). El estado de ánimo es cabizbajo, trae prótesis temporales, las cuales son prestadas y el único apoyo que tiene es su mamá, quien tiene que trabajar para poder mantenerlo. Su abogada señala que podría tener daño cerebral ya que al ser arrancados los glóbulos oculares jalaron nervios que afectaron al cerebro, aunque eso se tendrá que confirmar con pruebas médicas.
Lo que se está solicitando son 90 millones de pesos, aunque están conscientes de que no les darán esa cantidad, no obstante se basan por medio de pruebas periciales en psiquiatría, testimoniales, documentales para cuantificar el daño físico y moral; “Yo hable con un funcionario del municipio de Puerto Vallarta y saber cuánto valía ya no ver el mar, porque decían que estábamos pidiendo mucho (…) pero las instancias jurisdiccionales para que ellos decidan en base a los peritajes y en base al daño, porque en otras situaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha logrado indemnizaciones para personas que han violentado sus derechos si son elevadas, porque está el proyecto de vida, el daño moral”, el salario que recibía era de 6 mil 500 pesos al mes, si llegara a los 70 años son cerca de 3 millones 800 mil pesos; cabe destacar que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, obliga a poner una cantidad.
En este momento está la demanda de Responsabilidad Patrimonial que fue interpuesta en el mes de diciembre contra el gobierno de Puerto Vallarta y la Fiscalía General del Estado por tener una responsabilidad compartida, al día de hoy no han contestado si procede, y ante la falta de respuesta se promovió un amparo administrativo por la violación de Derecho de Petición, el cual ya está concedido y están en vísperas del cumplimiento.
“Contra la Fiscalía General del estado porque la cárcel es del gobierno municipal pero esa noche estaba a disposición del Ministerio Público del Estado, ósea de la Fiscalía, conforme de la Ley de Responsabilidad Patrimonial se habla de una responsabilidad compartida”
Eso se podría traducir en una falta de interés del alcalde con licencia Ramón Guerrero Martínez quien ya no le dio seguimiento.
A estos se suman un sinnúmero de deficiencias en las instalaciones de los separos municipales, que aún prevalecen.