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AFP.-Un grupo de tres allegados de los 43 estudiantes que desaparecieron en México en septiembre pidieron este martes en Washington que Estados Unidos limite su asistencia en seguridad al gobierno mexicano, a la que responsabilizan del auge de la violencia.
De pie frente a la Casa Blanca, los manifestantes pidieron al presidente Barack Obama dejar de enviar recursos a México “porque ese dinero está entrenando a policías (municipales), federales y militares para desaparecer gente y matando gente”, dijo Clemente Rodríguez, padre de uno de los desaparecidos.
El plan Mérida, una iniciativa lanzada en 2006 con el apoyo de Washington para luchar contra el crimen organizado, debe tener “ciertos candados” para controlar el uso de los recursos, señaló Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares.
“No más armas, no más equipos bélicos para que el gobierno de México, coludido con la delincuencia organizada pueda reprimir a todos aquellos que protestan y exigen la verdad y la justicia para castigar a los culpables de este crimen”, añadió de la Cruz.
Los manifestantes acudieron a Washington como parte de una gira que empezaron en marzo algunos familiares de los desaparecidos por 43 ciudades estadounidenses, para llamar la atención sobre el caso y los efectos de la guerra contra el narcotráfico.
“Estados Unidos pone las armas, México pone los muertos”, se leía en una pancarta en sus manos.
Según la reconstrucción oficial de la fiscalía, los estudiantes fueron atacados a tiros por policías de Iguala (Guerrero, sur) y luego entregados a un cartel narcotraficante, que los habría asesinado por creer que entre los estudiantes había infiltrados de un grupo rival. Los sicarios habrían incinerado sus cuerpos y arrojado los restos a un río. Hasta ahora, sólo han podido ser identificados los restos de uno de los 43 estudiantes.
Pero los familiares rechazan la versión de las autoridades mexicanas sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, e insisten en que sus hijos están vivos.
“Mientras no tengamos una prueba o algo en concreto no podemos decir que el caso está cerrado”, dijo Anayeli Guerrero, hermana de uno de los desaparecidos.
Los familiares denunciaron también impunidad y corrupción en el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, señalando que no obtienen ayuda de las autoridades. “Nos cierran la puerta de (el palacio presidencial) Los Pinos”, dijo Rodríguez.
