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AP.- Cuando se cumplen cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur de México, en la capital se registran varias marchas de protesta convocadas por familiares y organizaciones sociales descontentos con la supuesta responsabilidad del estado en los hechos y lo que consideran como mala gestión de la investigación por parte de las autoridades.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja con la fiscalía mexicana como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, informó el domingo a The Associated Press de que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular a los desaparecidos con el hallazgo de varias bolsas de plástico que aparecieron junto a un río y en las que había restos calcinados.
Los restos y el testimonio de varios sicarios detenidos ofrecen el sustento de la versión ofrecida por las autoridades mexicanas para explicar lo sucedido con los jóvenes, que desparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal intervino contra ellos por órdenes del alcalde José Luis Abarca.
Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo en el que participaron también miembros del crimen organizado, el informes oficial de los hechos es que la policía entregó a los estudiantes a los narcos, quienes los asesinaron y quemó sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río en la cercana población de Colula. La versión es cuestionada por familiares y organizaciones sociales.
Las autoridades mexicanas enviaron los restos, muy dañados por el calor, a una universidad en Austria, donde comprobaron científicamente que entre los restos hallados se encuentra uno de los estudiantes.
Los resultados dan credibilidad al relato de los autores confesos y los análisis científicos, pero las organizaciones sociales opinan que no existen evidencias suficientes de que los 43 desaparecidos fueron calcinados en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los 42 no identificados.
Que las pruebas de ADN sobre los restos hallados no tengan prácticamente ninguna posibilidad de ofrecer resultados debido a su mal estado, alimenta la desconfianza en el estado de quienes protestan.
Por ejemplo, Amnistía Internacional ha pedido que el estado investigue el papel del ejército en los hechos.
Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica donde se refugiaban estudiantes e incluso hicieron salir a algunos heridos. Ellos sobrevivieron al secuestro y desaparición de sus compañeros.
El Procurador General de la República se ha mostrado siempre de acuerdo con el hecho de que el ejército no hubiera intervenido contra la policía para evitar consecuencias aún peores.
Amnistía Internacional también ha pedido que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga un reconocimiento público de la crisis en materia de derechos humanos que vive el país así como un compromiso de que la respuesta a esta crisis se convierta en una prioridad de su administración.
Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto, lanzara la llamada “guerra contra las drogas”, se han registrado más de 100.000 muertos y el Estado reconoce alrededor de 23.000 desaparecidos.
Para Amnistía Internacional, la situación actual de México es equiparable a la de algunos países en un conflicto abierto.
