Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
La operación del relleno sanitario “El Gavilán” fue a raíz de una emergencia, cuando la sentencia del juicio ya había causado estado y se le había dado cumplimiento, por lo que no existió una violación del mandando judicial, obedeció a circunstancias diferentes. Es la postura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta frente a una denuncia que se presentó ante Proepa por presuntos delitos ambientales, a manos de la asociación civil México, Comunicación y Ambiente AC.
En rueda de prensa, salieron a dar la cara por el gobierno municipal este mediodía el Secretario General Antonio Pinto y los directores de Ecología y Jurídico, Luis Fernando Guevara y Santiago Leal, respectivamente, quienes recalcaron que el tiradero de “El Gavilán”, ubicado en El Colorado, cuenta con todos los permisos, en este caso de Semarnat y Semadet, aunque no los mostraron.
“No existe ningún impedimento para que opere. Cuenta con las autorizaciones respectivas, garantiza un manejo adecuado dentro de la norma, de forma tal que si no fuese de esa manera estaría clausurado”, mencionó el titular de Ecología y Medio Ambiente, quien dijo aplaudir el que la sociedad esté al pendiente de estos temas, “siempre y cuando las bases que están detrás de estas manifestaciones o declaraciones sean realmente legítimas y no tuviesen un trasfondo que no fuese del beneficio común”.
Y aunque el Secretario General lo negó, en sus declaraciones dejó entrever que pudieras haber un entendimiento entre la asociación civil y Envir Eau de México, empresa con la cual el Ayuntamiento tiene un juicio con valor de 500 millones de pesos.
“Evidentemente existe una posibilidad ustedes recordarán que el gobierno municipal en estos momentos está atendiendo un juicio con la empresa que en algún momento obtuvo la concesión para el tema del traslado y destino final de los residuos que se generan en Puerto Vallarta y nosotros no descartamos porque desde el inicio de esta administración hemos sido testigos de cómo se han recibido presiones para que se salde este juicio que tiene un valor de 500 millones de pesos”.
El Director Jurídico Santiago Leal explicó que hubo una determinación por parte de la autoridad judicial que ordenó el dejar de utilizar “El Gavilán” como depósito de basura, “Sin embargo esa situación quedó ya terminada porque fue un amparo del 2009, número 561/2009, esa sentencia ya causó estado, ya terminó y obedecía a un amparo que promovió Envir Eau por la negativa del ayuntamiento de entregar en aquel entonces “Magisterio” y utilizar Santa Cruz de Quelitán como depósito final… Se dejó de utilizar “Gavilán” en aquel entonces y se le informó a la autoridad judicial, por lo que concluyó ese juicio”.
Pero el año pasado Envir Eau decidió cerrar “Magisterio” e impidió el paso de los camiones recolectores de basura a Santa Cruz de Quelitán. Al mismo tiempo los pepenadores organizaron bloqueos, por lo que los vehículos estuvieron cargados y acumulándose la basura en las calles de la ciudad.
“Derivado de esta emergencia se ordenó por el alcalde, la utilización de otros sitios alternos, entre ellos el Gavilán. Ello en modo alguno violenta la suspensión dada por el juez federal, porque es otro acto distinto y fue por motivo de emergencia”, finalizó el funcionario Leal Amador.
Hasta el momento el ayuntamiento no ha sido notificado de alguna denuncia, en cuanto a los presuntos delitos ambientales señalados por Carlos Álvarez de México, Comunicación y Ambiente AC.