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Redacción
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Puerto Vallarta, Jalisco
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron hoy el convenio para la elaboración del Diagnóstico Situacional sobre Trata Sexual y Laboral en Puerto Vallarta, Jalisco.
Durante un evento realizado en el Hotel Crown Paradise de este municipio se dio a conocer que el propósito central del diagnóstico es fortalecer las capacidades institucionales para el combate a la trata de personas y la asistencia a víctimas de este delito en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
Magaly Fregoso Ortiz, presidenta del Sistema DIF Municipal, subrayó que además de contar con la experiencia de un Comité comprometido que organizó en noviembre de 2013 el primer Congreso sobre la Trata de Personas, “Estrategias en pro de las niñas, niños y adolescentes vs la Esclavitud Moderna”.
Subrayó que el objetivo es conocer de fondo la realidad y trazar los ejes de acción a realizar con el fin de cuidar a la niñez vallartense y la imagen del destino turístico.
Con la firma del convenio se iniciarán los trabajos por parte de la OIM y será a finales de noviembre de este año cuando se den a conocer los resultados.
“Es así como marcamos un precedente histórico a nivel nacional, asumiendo el reto y ejerciendo plenamente la autonomía municipal, que nos mueve a gobernar con responsabilidad proponiendo políticas públicas hechas por y para Puerto Vallarta”, expresó Fregoso Ortiz.
Refirió que es para el Sistema DIF Municipal un día memorable en donde estamos seguros que al término del diagnóstico contaremos con información única que sin duda además de serle útil al Puerto, contribuirá en beneficio de otros municipios.
El Dr. Thomas Lothar Weiss, representante de la OIM en México mencionó que el estudio permitirá contar con datos fehacientes y rigurosos sobre los retos y necesidades reales que enfrenta el Municipio de Puerto Vallarta.
Comentó que la detección de víctimas de este delito resulta difícil debido a que es una actividad que se desarrolla en la clandestinidad. Además, la trata de menores conlleva la violación a sus derechos humanos y representa diversas amenazas, como la violencia y el abuso sexual.
“Estamos seguros que iniciativas como la que el día de hoy nos congrega, contribuyen a generar conciencia en la sociedad y a generar estrategias de prevención y erradicación del crimen. Celebro este evento, celebro el compromiso y coraje del DIF y del Municipio de Puerto Vallarta y tengo la certeza que representa un paso más hacia ese mundo en donde las niñas, niños y adolescentes puedan vivir de manera segura, libres de explotación, sin violencia ni discriminación, con dignidad y respeto pleno de sus derechos”, señaló.
En el acto estuvieron presentes Adolfo López Solorio, director del DIF Municipal, Doris Ponce, regidora de la comisión de Asistencia Social, Consuelo del Rosario González Jiménez, directora del DIF Jalisco, Fabiola Loya, diputada de la LX Legislatura y presidenta de la comisión de Equidad y Género, Julio Nelson García, diputado de la LX Legislatura y presidente de la comisión de Cultura, y Ángela Orozco, Consejera de IJAS Jalisco.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, a través de diagnósticos a nivel local ha contribuido con las instituciones públicas en su proceso para definir y organizar estrategias y mecanismos para el combate a la trata.
De igual forma, el conocimiento sobre experiencias de las víctimas, retos y obstáculos en materia de asistencia, atención y protección, le ha servido a la OIM para la implementación de talleres dirigidos a funcionarios de gobierno, los cuales son fundamentales para el fortalecimiento de capacidades en la materia.
La OIM en México inició su programa en materia de Combate a la Trata de Personas en el año 2005 y la información derivada de los múltiples proyectos ha contribuido a hacer de la OIM un referente en la materia, tanto por la documentación y el análisis del fenómeno, la creación de mecanismos de cooperación interinstitucional, la asistencia directa a las víctimas del crimen, como el fortalecimiento de capacidades por parte de actores del sector público y de la sociedad civil para el combate de este delito.
