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Organismos de derechos humanos en México expresaron hoy su preocupación por el futuro “incierto” de los 70 guatemaltecos deportados a su país, donde “no cuentan con garantías y condiciones” tras ser expulsados de sus tierras.
Abogados y activistas del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) y de la organización Sin Fronteras denunciaron en una rueda de prensa que los centroamericanos “fueron sacados del país” contra su voluntad y en violación de sus derechos.
En agosto de 2011 un grupo de guatemaltecos se desplazó al municipio mexicano de Tenosique, fronterizo con Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad de ese país los desalojaron de una zona protegida en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.
Los 70 guatemaltecos deportados, entre ellos 45 niños, se asentaron en la selva de Tenosique, donde sobrevivieron con ayuda de organizaciones mexicanas en techos improvisados y sin servicios básicos.
“Tenemos miedo de que en Guatemala nos abandonen y dejen a nuestra suerte”, explicó Maynor Morales, uno de los guatemaltecos desplazados que permanece en México.
Aunque el Gobierno mexicano no tiene la obligación de ayudar, “queremos decirle al presidente (Felipe Calderón) que su gente nos engañó porque ofreció regularizar a todas las familias y no lo cumplió”, manifestó.
Según el Instituto Nacional de Migración (INM), la deportación de los guatemaltecos la noche del martes pasado se efectuó con respeto a los derechos humanos, y durante el proceso estuvieron presentes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y representantes guatemaltecos.
El INM argumentó ayer que la repatriación se decidió después de comprobar la situación legal de los guatemaltecos y estuvo fundamentada en la Ley de Migración.
La dependencia aseguró que los guatemaltecos rechazaron la oferta de regularizar su situación legal en México para mantener unidas a las familias, pues muchos tienen hijos nacidos en el país, y se negaron a solicitar la condición legal de “refugiado”.
En contraste con la versión del INM, Morales dijo que los agentes migratorios utilizaron la violencia en la detención e incluso cruzaron la línea fronteriza para detenerlos y amenazaron con volver para desmantelar el campamento.
“Ya hemos sufrido bastante desde que nos sacaron de nuestras tierras a la fuerza y ahora tenemos miedo”, lamentó.
La abogada de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), Leticia Gutiérrez, anunció que los organismos civiles presentarán una denuncia contra los agentes federales que “irrumpieron con violencia en el campamento y detuvieron a los niños para forzar a sus padres a entregarse”.
Los activistas insistieron en que la seguridad de los desplazados está en riesgo, pues son parte de una comunidad “expulsada en forma violenta por el Ejército guatemalteco”.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, lamentó hoy la forma en que se produjo “la detención, traslado, reclusión y posterior repatriación” de este grupo de guatemaltecos que buscaron refugio humanitario en el país vecino”.
Expresó su extrañeza de la actuación de las autoridades mexicanas que siempre “han sido respetuosas de una larga tradición histórica de asilo y protección a quienes sufren persecución e injusticias”.
El grupo permanece en la Casa del Migrante en la ciudad guatemalteca de Tecún Umán, fronteriza con Tapachula.
EFE
