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Redacción Prensaglobal.com
A través de un comunicado el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta informó que solicitará a la Fiscalía General del Estado de Jalisco se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso de Héctor Jonathan Franco Martínez, a quien su compañero de celda le sacó los ojos mientras estaban detenidos en en las instalaciones de la cárcel preventiva municipal, el pasado 23 de diciembre de 2013.
El Director Jurídico de este municipio, Santiago Leal, dijo que “por instrucciones del Presidente Municipal, Ramón Guerrero, se brindará el apoyo solidario a la familia de Franco Martínez”, y se solicitará a la fiscalía, dar celeridad a la resolución del caso y llegar hasta las últimas consecuencias para aplicar la sanción correspondiente a quienes resulten responsables.
El funcionario aseguró que desde el primer momento, el mismo día 23 de diciembre, el Presidente Municipal dio indicaciones para que el gobierno de Puerto Vallarta iniciara una investigación por parte del Departamento de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana, con respecto a la presunta responsabilidad en que pudieron haber incurrido servidores públicos.
Asimismo, aseveró que se dará cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quien pide primero “Gire instrucciones a los servidores públicos involucrados para que en el desempeño de sus funciones cumplan con la máxima diligencia el servicio público y se abstengan de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio e implique ejercicio indebido de su cargo. Lo anterior bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
“Gire instrucciones para que los servidores públicos involucrados, les sean asignadas labores exclusivamente en las instalaciones de la Comisaría de la policía preventiva y vialidad a su cargo, durante el tiempo que duren las investigaciones pertinentes y se garanticé su plena localización en caso de ser requeridos por las autoridades de procuración de justicia y judiciales”.
“Las investigaciones están en curso y se deslindará responsabilidad. En caso de haber omisiones de algún servidor público se aplicarán las sanciones correspondientes; seremos severos en la aplicación de las medidas procedentes”, enfatizó.
Además el escrito señala que el 29 de noviembre, previo a los acontecimientos, el Gobierno Municipal suscribió un contrato de renovación de las cámaras de seguridad en las instalaciones de la Comisaría a cargo de la empresa Itrak S.A. de C.V.
De igual manera, el comunicado puntualiza que el alcalde ordenó la revisión del actual protocolo de seguridad en las instalaciones de la cárcel preventiva municipal y se establezcan las modificaciones necesarias para garantizar la integridad física de los detenidos, “siempre observando y respetando los derechos humanos, como se ha conducido esta administración municipal”, concluyó Santiago Leal.
