Prensaglobal.com | Noticias de Puerto Vallarta Prensaglobal.com | Noticias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, México. El portal de noticias que te mantiene informado sobre lo que acontece en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el Estado de Jalisco, México.
Carolina Gómez Aguiñaga
cgomez@prensaglobal.com
Prensaglobal.com
Puerto Vallarta, Jalisco
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) investigó 11 quejas presentadas en 2010 contra elementos de la Policía Estatal, entre ellas casos de Puerto Vallarta, las cuales fueron acumuladas porque se identificó un patrón de conducta similar, luego que la dependencia puso en marcha operaciones policiales en las que se cometieron múltiples actos violatorios de derechos humanos, consistentes en detenciones arbitrarias, irrupciones en domicilios particulares, lesiones, maltrato físico y verbal y en general, abusos de autoridad.
Esta recomendación, la 55/2011, fue dirigida al Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.
“Los mismos elementos aprehensores reconocen que las revisiones de rutina son práctica común, que derivaron, según lo relataron en sus informes, en detenciones realizadas en la vía pública.
Sin embargo, las investigaciones de esta Comisión ponen en evidencia que en la mayoría de los casos los quejosos fueron detenidos una vez que los policías irrumpieron en sus domicilios. Más grave aún es que en dichas operaciones se afectan derechos de terceros, ajenos a los actos que se persiguen. Estos excesos no son reportados por escrito a la Comisaría de Seguridad Pública ni a la autoridad competente, ya que son minimizados por comandantes, directores y mandos medios involucrados”, señaló el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
Los hechos violatorios de derechos humanos ocurrieron en los municipios de Puerto Vallarta, Amatitán, San Marcos, Quitupan, Mazamitla, Colotlán, Cuquío, Yahualica, Ojuelos y Lagos de Moreno. Participaron en ellos 27 elementos de Seguridad Pública, en agravio de 14 personas.
La mayoría de asuntos relacionados con dichas detenciones y abusos de autoridad se refieren a la investigación de delitos federales. Se acreditaron cateos domiciliarios sin orden judicial y en cinco casos las detenciones fueron dentro de la propiedad de los quejosos.
En cuatro quejas se advirtió revisiones de rutina sin causa legal, solo con el argumento de un presunto nerviosismo que presentaban los detenidos al estar frente a la autoridad.
“Es cierto que a algunos quejosos se les seguía un proceso penal por delitos contra la salud o portación de arma de fuego, pero también se constató una flagrancia simulada en las aprehensiones, que es un agravio recurrente en los casos expuestos. Lo anterior se acreditó debido a que en los partes informativos o en las denuncias de hechos se manifiesta comúnmente que las personas son detenidas cuando se les revisa corporalmente o en sus pertenencias solo en virtud de su actitud sospechosa o por su marcado nerviosismo”.
La falta de planeación de parte de los encargados de las corporaciones da lugar a que los mandos medios improvisen operaciones policiales al margen de la ley, que aun cuando en algunas ocasiones han dado buenos resultados, la mayoría de las veces se actúa con base en la simple sospecha y se crean o construyen actos para privar de su libertad a los presuntos responsables, sin importar no tener evidencias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que los policías Martín Rosales Enciso, Prudencio Alcalá Hernández, Alexander Cervantes Elena (finado), José Caín Ceja Ramos, José Elías Mata Eusebio, Manuel de Jesús Barajas García, Julio César Magallón Bautista, José Manuel Ruiz González, Raudal Antonio Ontiveros Alvarado, Jesús Guadalupe Larios Luna, Alejandro Rojas Beltrán, Andrés García Herrera, Juan Aguilar Cruz, Luis Alberto Torres Chávez, José Ignacio Martínez Ambriz, Rodolfo Velasco Gómez, Cecilio Santiago Maldonado, Mario Ortega Zárate, José Luis Figueroa Ramos, Luis Ricardo Cantú de la Rosa, Genaro Salazar Moreno, Otoniel González Rodríguez, Juan Carlos López Dávalos, Gonzalo Ocaranza de la Cruz, Alejandro Escareño Bautista, Francisco González Morales y Juan Francisco Islas González, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad y al trato digno, por lo que dicta las siguientes:
Recomendaciones:
Al secretario de Seguridad Pública del estado, maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco:
Primera. Inicie y concluya procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos señalados, a excepción de dos que ya fueron dados de baja y uno que falleció.
Segunda. Gire instrucciones expresas a los elementos de la corporación a su cargo, a efecto de que en forma inmediata eliminen la práctica de cateos o intromisiones domiciliarias contrarias a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución mexicana, sujetando todo acto de intromisión a un domicilio a los requisitos exigidos en dicho precepto.
Tercera. Procure acciones efectivas tendentes a reparar los daños y perjuicios causados por los elementos de la corporación a su cargo, conforme a derecho, de forma directa y de acuerdo con las pérdidas materiales, económicas y morales sufridas que acrediten los agraviados en cada caso, como un gesto de reconocimiento y verdadera preocupación por las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Cuarta. Diseñe y emita campañas de difusión e información en medios de alto alcance para reforzar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y de informar a la sociedad sobre los derechos que tiene y los requisitos constitucionales exigidos para la orden de cateo, así como de exponer a la población la importancia de coadyuvar con la justicia, haciendo énfasis en el derecho que tienen a declarar como testigos en un proceso.
Quinta. Se impartan a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, cursos de capacitación en los que se les instruya muy claramente sobre el respeto del derecho a la
inviolabilidad del domicilio y a los requisitos constitucionales para realizar un cateo, y se haga hincapié al respeto en exámenes de oposición, evaluaciones periódicas y en concursos de selección para los servidores públicos que participen en funciones de policía.
