Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
Los diputados locales integrantes de la Comisión de Readaptación Social del Congreso de Jalisco realizaron un recorrido por el Penal de Ixtapa, el Centro Tutelar para Menores Infractores y los separos municipales con el fin de observar las necesidades de estos lugares. Posteriormente harán una valoración de los recursos que se requieren para solventarlas dentro del presupuesto del 2014.
Víctor Manuel Sanchez Orozco, presidente de la comisión, señaló que tanto el centro tutelar y la cárcel municipal requieren una remodelación para mejorar las condiciones de las personas retenidas.
En cuanto al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) indicó que aunque este penal no tiene la problemática de hacinamiento que presenta la mayoría de los reclusorios, pues está al 50% de su capacidad, estarán solicitando el personal que requiere la institución en el área médica. El director del Penal, Armando Plata, habría comentado que necesitan al menos dos médicos y un enfermero, ya que sólo cuentan con un doctor las 24 horas.
Además a nivel estatal, se trabajará en la despresurización de los centros penitenciaros con reformas que se están realizando para que existan los jueces de sentencia y así reducir el número de reos. En el Penal de Ixtapa hay 883 reos, de los cuales 847 son hombres y 36 son mujeres.
También buscarán mejores retribuciones para los reclusos que trabajan en el interior, pues reciben un sueldo semanal de 258 pesos: 128 del Estado y la misma cantidad de las empresas, mismas que no pagan renta, servicios básicos ni seguro social.
Cabe mencionar que en el recorrido, los legisladores vieron con agrado un programa que se lleva a cabo en dos apartados de hombres, llamado “Comunidad Terapéutica” que es un tratamiento contra las adicciones, que de acuerdo al personal ha tenido un éxito en el 70% de los internos, por lo que buscarán apoyarlo.
A las visitas acudieron también los diputados Juan José Cuevas García y Joaquín Portilla, los regidores Otoniel Barragán y Doris Ponce, el síndico Roberto Ascencio y encargada de la oficina de Derechos Humanos región Costa Norte, Francisca López Abundis.