Estacionamientos, los abusos de Luz María Torres

Por Jorge Olmos Contreras

Aprovechando la ausencia de un reglamento municipal de estacionamientos y de la flojera y negligencia del regidor panista Julio Santana –quien preside la comisión de reglamentos–, los concesionarios hacen de las suyas, aplican tarifas arbitrarias y prestan un pésimo servicio en perjuicio de los usuarios, sin que el Ayuntamiento haga nada para obligar a empresarias como Luz María Torres a cumplir con el contrato suscrito o en su defecto, cancelarle la concesión.

Ante la falta de dicha legislación municipal en la materia, los empresarios que prestan estos servicios se dan vuelo para perjudicar a cientos de usuarios que, indefensos, tienen que pagar tarifas altísimas sin que nadie, dentro del gobierno municipal, haga algo para detener la voracidad de personas como Luz María Torres –socia del primer alcalde panista que tuvo Puerto Vallarta, Fernando González Corona—que todos los días viola el contrato que suscribió con la comuna en tiempos de Gustavo González Villaseñor.

El peor de todos es el estacionamiento “Benito Juárez”, donde, no obstante haberle quitado a los vallartenses su parque de esparcimiento, ahora los golpean en sus bolsillos cada que tienen la necesidad de entrar a aparcar su vehículo, toda vez que cobran cuotas sin fraccionarlas; así, si usted va por cinco o 10 minutos, le cobran lo mismo que una hora.

Si su tiempo excede un minuto de una hora, le cobran dos horas y así, el abuso se da todos los días y encima los usuarios tienen que soportar un pésimo servicio, ya que es común que no sirvan los elevadores, que estén clausuradas algunas escaleras, que la máquina traga monedas no acepte los billetes o que se atasquen los boletos en el contador de salida.

Todavía peor son las largas filas de personas que tienen que pagar para poder salir, ya que sólo hay una máquina y el empleado (único) no atiende a quien le solicita que le cobre para poder salir rápidamente, ya que si usted se tarda 10 minutos, no le hacen válido el boleto de salida, tendrá que regresar a pagar otra fracción de hora, es decir, otros 16 pesos.

LA FLOJERA DE JULIO SANTANA

Es un abuso en todos los sentidos, pero al interior del Ayuntamiento, el regidor responsable de elaborar el Reglamento de Estacionamientos para someterlo a votación al pleno, no ha hecho su trabajo; por el contrario, se la ha pasado en la “grilla” política y ha tomando su encargo como una pachanga de todos los días.

Nos referimos, desde luego, al regidor panista Julio Santana, el mismo que quería ser diputado local –quizá para seguir cobrando y no hacer nada–, quien sospechosamente ha sido tolerante con empresarias concesionarias como Luz María Torres, cuyo hermano, Hugo Torres, es el abogado responsable de que funcione bien el estacionamiento “Benito Juárez” e “Hidalgo”, pero parece que sólo les interesa el dinero y no el proporcionar buen servicio.

Lo más desagradable de todo esto, es que en estos lugares no hay quién de la cara para responder por los malos servicios, los empleados no saben nada y Hugo Torres nunca está.

Este medio acudió al domicilio fiscal de las oficinas que la empresa “Discovery P.V. Sociedad de Responsabilidad Limitada” que dijo tener en el contrato de arrendamiento que firmó con el Ayuntamiento, sito en la calle Cardenal número 160 de la colonia Los Sauces, y para nuestra sorpresa ahora la finca es ocupada por una guardería infantil.

Si usted busca a la empresa, no la puede encontrar, quizá se esconden para que nadie les reclame el atraco que están haciendo con el cobro de tarifas altas con la complacencia de las autoridades municipales.

EL CONTRATO

El 21 de mayo del año 2005 –ya pasaron seis años–, el Ayuntamiento, encabezado en ese entonces por Gustavo González Villaseñor, Miguel Ángel Yerena Ruiz y Antonio Lugo Morales, como alcalde, síndico y secretario general respectivamente, firmaron el contrato de arrendamiento con la empresa Discovery PV, cuya representante legal es Luz María Torres González, ella misma fue el fiador y como testigos estuvieron los abogados de sindicatura, Jorge Antonio García López y Ernesto Cervantes Gutiérrez.

La vigencia del contrato fue de 25 años y se obligó a la empresa a pagar la cantidad que resulte de aplicar un cinco por ciento de los ingresos brutos del comercio, mismos que supuestamente son pagados dentro de los primeros cinco días de cada mes.

A la fecha, el Ayuntamiento no ha informado cuánto ingresa a sus arcas por este concepto, tampoco se ha dicho si las administraciones de Javier Bravo y ahora Salvador González han revisado o aplicado una auditoría a la arrendataria para verificar que sean ciertos los ingresos y pagos que reporta.

LIBERTAD ABSOLUTA

Por el contrario, el Ayuntamiento le dio manga ancha a Luz María Torres, pues le dejó “absoluta libertad” –así dice en el contrato—para establecer las políticas administrativas y operacionales que considere necesarias respecto a los precios, destinos, servicio, plazos, promociones, mercadotecnia, laborales y ofertas “siempre y cuando cumpla con las prescripciones legales aplicables”.

Desde luego, al no haber un reglamento de estacionamientos, Luz María Torres y sus secuaces hacen lo que les viene en gana con esa “absoluta libertad” de establecer los precios, dejando indefensos a cientos de usuarios.

Como si fuera una burla, en la cláusula 11 letra E, que se refiere a las obligaciones del arrendatario, se puede leer que la empresa “sujeta su servicio, la renta y explotación de cajones de estacionamiento y servicios accesorios en los términos de las leyes y reglamentos aplicables”, pero como ya vimos, no existe el Reglamento de Estacionamientos por negligencia de nuestros regidores.

VIOLACIONES

Una revisión al contrato de arrendamiento permite vislumbrar la posibilidad de que el Ayuntamiento tome las medidas necesarias para rescindir el contrato a Discovery PV, ya que viola varia cláusulas y no cumple con obligaciones en su totalidad, como la de implementar medidas de seguridad suficientes para evitar robos, incendios o daños materiales a los vehículos.

Se ignora además si tienen contratado un seguro –porque no lo informan al público usuario—para garantizar y salvaguardar los vehículos que ingresen al estacionamiento, ya que el convenio los obliga a contratar un seguro que tenga como mínimo el alcance de cubrir la pérdida total por incendio y desastres naturales.

Pero eso no es todo, Discovery PV tampoco tiene el número de cajones suficientes para discapacitados, no cuida que los empleados porten uniforme con gafete y tampoco procura mantener las instalaciones libres de basura y desperdicios.

Cabe hacer hincapié en que el Ayuntamiento puede otorgarle un plazo de 30 días a la arrendataria para que mejore la prestación del servicio, so pena de proceder a rescindir el contrato.

LOS BOLETOS

Otra clara violación, lo representan los boletos, ya que no cumplen con los requisitos estipulados en el mismo, como son tener la razón social y domicilio del prestador del servicio de estacionamiento, ni la clave del Registro Federal de Contribuyentes; tampoco informan la forma en que se responderá por los daños que hayan sufrido los vehículos durante su guarda; ni el número telefónico al cual dirigir sus quejas los usuarios ni la cantidad o cobro.

Para conseguir este contrato y previamente haber ganado el concurso para construir el edificio que alberga el estacionamiento “Benito Juárez”, la firma Discovery PV destinó 44 millones de pesos y para entregarle el arrendamiento, la obligaron (al menos en el documento) a construir una casa de asistencia social, por cada estacionamiento, para centros de atención y capacitación a madres solteras, niños y personas con discapacidad en terrenos del municipio, con un valor aproximado a los 600 mil pesos, pero se ignora si la empresa cumplió o no con la construcción de estas casas.

En el DIF se tiene información en el sentido de que apenas van a construir una casa de este tipo, pero no saben si es por parte de Discovery PV o inversión del Ayuntamiento.

INFORMACION CLASIFICADA

ALGO SUCEDIÓ CON LA EMPRESA “PARE” QUE TENIA ILEGALMENTE concesionado el estacionamiento de Plaza Caracol, ya que fue clausurado el servicio que prestaban y ahora tiendas como Soriana, hartas de que condicionaran el ingreso a sus clientes, decidieron romper con esas cadenas y ya anuncian con letreros que ofrecen estacionamiento totalmente gratis.

Al parecer, la gota que derramó el vaso fue el hecho de que “Pare” coloco una máquina dentro de la plaza para que los usuarios del estacionamiento pagaran, mediante tarjetas de plástico, cuotas mínimas de siete pesos por cualquier fracción de minuto-hora y ya no hicieron válido el sellado de boletos.

Antes, si usted iba a Soriana, por ejemplo, con una compra mínima de 50 pesos tenía estacionamiento gratis con boleto sellado o cualquier negocio le sellaba el ticket y sólo se pagaban cinco pesos, pero eso lo borraron de un plumazo y comenzaron a cobrar a todos por igual, pero sólo duraron tres días, ya que el servicio ya fue clausurado por el Ayuntamiento en una acción que ahora sí se le aplaude al gobierno de Salvador González Reséndiz y a la tesorera Martha Alicia Peña, pues se fajaron los pantalanes para ponerle un alto a estos abusivos.

Esperemos que hagan lo mismo con el servicio que “Pare” proporciona de forma ilegal en Plaza Marina, porque, insistimos, cuando se construyó el edificio se le obligó a los dueños a tener determinado número de cajones de estacionamientos para acceso libre y no para concesionarlo.

De seguir esta tendencia, al rato hasta los edificios que tienen estacionamiento, por más pequeño que sea, van a querer concesionarlo o cobrar por el acceso y esto no puede ser, no debemos dejarnos.