Las autoridades de Guerrero rechazaron hoy haber reprimido ayer a los estudiantes que se manifestaban en la autopista México-Acapulco, y señalaron que aún se desconoce si los disparos los hicieron policías o “elementos extraños” al colectivo estudiantil.
“Este no un acto de represión. Son episodios donde agentes ajenos a la Normal y al Gobierno dieron como resultado este lamentable suceso”, dijo hoy a la emisora MVS el fiscal de Guerrero, Alberto López Rosas.
Ayer un bloqueo de la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, por parte de estudiantes derivó en un tiroteo en el que murieron los estudiantes Gabriel Echeverría y José Alexis Herrera Pino.
Por los hechos hay 24 detenidos, de los cuales “solamente dos están vinculados a la Normal”, precisó López Rosas.
“Los demás son gente extraña a la escuela. Por eso consideramos que esto está orquestado por gente ajena a esa institución”, sostuvo el fiscal.
Entre los arrestados hay un sujeto que lanzó un cóctel Molotov contra una gasolinera, acción que desencadenó la violencia, y otro de 19 años natural de Acapulco, Gerardo Santiago Peña, que portaba un fusil AK-47 que fue disparado en siete ocasiones.
Por el momento se desconoce si esos tiros fueron los que hirieron de muerte a los estudiantes.
“Se le detuvo con un cargador. Había ocultado el arma. Sin embargo, posteriormente condujo a los elementos investigadores al sitio donde la había ocultado y ahí la pudimos asegurar”, agregó el funcionario.
Además, está arrestado “un agente ministerial (policía de la fiscalía)”, a quien en varias fotos publicadas hoy en la prensa se le ve vestido de civil, con un arma larga, en posición de disparo hacia los manifestantes.
López Rosas detalló que inicialmente los policías recibieron la orden de no usar sus armas, pero después lo hicieron ante la violencia derivada de la situación.
“No vamos a ocultar nada. Vamos a actuar con toda responsabilidad. Donde no podamos actuar nosotros, vamos a turnarlo a la Procuraduría General de la República (PGR) (fiscalía general)”, que indaga únicamente la posible responsabilidad de policías federales en los hechos, agregó.
Por otra parte, un grupo de ONG mexicanas exigió “la destitución del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja”, para “garantizar una investigación exhaustiva y efectiva” de la agresión que sufrieron ayer los estudiantes.
Las organizaciones pidieron en un comunicado “una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia” ejercida por “elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero” y una “sanción a los responsables” de las dos muertes.
Entre las ONG firmantes están la Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados mexicanos.
Además, suscriben el mensaje la Casa del Migrante Saltillo, de Coahuila, Católicas por el Derecho a Decidir, los centros de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, y el de la Montaña Tlachinollan, entre otros.
EFE