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El Tribunal Supremo estadounidense anunció el lunes que examinará la controvertida ley SB 1070 de Arizona (suroeste), que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y que ha sido parcialmente suspendida por la justicia.
Arizona decidió recurrir al Tribunal Supremo después de que el Departamento de Justicia consiguiera que un tribunal federal suspendiera parte de la ley.
Tribunal Supremo emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.
La ley SB 1070 fue promulgada en abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.
El gobierno del presidente Barack Obama rápidamente apeló ante un tribunal federal la norma, que inspiró leyes semejantes en Carolina del Sur, Utah, Georgia, Indiana y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan demostrar su residencia legal.
Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.
“Si el Supremo sintiera que la decisión del tribunal inferior era correcta, no hubiera admitido a trámite el caso. Es probable que algunos, si no todos los aspectos bloqueados, sean declarados constitucionales”, aseguró a la AFP vía correo electrónico Joen Feere, analista legal de una organización hostil a la inmigración ilegal conocida como Centro de Estudios sobre Inmigración.
“Esperamos una sentencia que ponga fin al creciente puzzle de leyes migratorias estatales, que es contrario a nuestros valores constitucionales”, reaccionó por su parte la Unión de Libertades Civiles.
Estados Unidos cuenta con unos 11 millones de indocumentados y, en Arizona, el Estado que más cruces ilegales soporta en toda la frontera con México, viven unos 400.000 extranjeros sin papeles en regla, según cálculos del Centro Pew Hispanic.
“Arizona no puede pretender que quiere ‘cooperar’ con el gobierno federal y al mismo tiempo continuar con su propia estrategia de rechazo a las políticas y prioridades federales”, argumentó el Departamento de Justicia en su recurso ante el Tribunal Supremo.
“Nuestro estado gasta centenares de millones de dólares al año encarcelando a extranjeros criminales y dando educación y servicios de salud a individuos que entraron y residen en este país violando nuestras leyes”, reaccionó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
La juez Elena Kagan, la última llegada al Tribunal Supremo tras haber prestado juramento en agosto del año pasado, decidió abstenerse de participar en los debates sobre si aceptar a trámite esta ley SB 1070, según un comunicado del Supremo.
Kagan, una jueza de tendencia progresista, fue abogada del gobierno federal ante el Tribunal Supremo hasta su nominación por parte del presidente Barack Obama. Su autorecusación hace presagiar que podría abstenerse también a la hora de debatir el fondo de la ley en los próximos meses, lo que deja a los progresistas en minoría en el seno del Tribunal Supremo.
