Al menos 151 procesos penales por aborto en México entre 2007 y 2012

Al menos 151 personas fueron sometidas a un proceso penal en México por delitos relacionados con el aborto entre 2007 y 2012, concluyó un estudio de una organización civil presentado este martes.
De estas 151 personas procesadas -el estudio no pudo determinar si todas son mujeres- algunas ya cumplieron condenas que van de cuatro meses a seis años de prisión, señala el informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Esta cifra fue calculada a partir de los datos entregados por autoridades de 22 de los 32 estados que forman México.
En la actualidad, al menos 41 personas se encuentran encarceladas en el país por delitos relacionados con el aborto, señala el reporte, titulado Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México.
El GIRE alerta que las denuncias contra mujeres que abortan en México se dispararon desde 2008 a raíz de legislaciones para proteger la vida desde su concepción aprobadas en la mitad de los estados del país.
Las denuncias por aborto crecieron de 62 que se registraron entre 1992 y 2007 a 679 en el periodo 2009-2011, detalló el informe, que asegura que la mayoría de acusaciones provinieron de médicos y otros trabajadores de las clínicas en las que fueron practicados.
En 2009, en México se realizaron más de un millón de interrupciones de embarazos, pero sólo mientras una de cada seis mujeres que realizaron un aborto clandestino obtuvieron atención hospitalaria, señaló el GIRE.
El ambiente hostil hacia las mujeres que interrumpen su embarazo se agudizó en algunas zonas del país luego de que la capital mexicana, gobernada por un partido de izquierda, legalizara en 2007 el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Tras esta medida de la capital, sectores conservadores de México promovieron reformas en 16 congresos locales para aprobar una ley que protege la vida desde su concepción y perseguir a las mujeres que abortan, precisa el informe.
Todos los estados de México permiten la interrupción del embarazo causado por una violación y la mayoría de los distritos también contemplan la medida por otras causas como riesgo en la salud de la madre o alteraciones genéticas o congénitas.
Sin embargo, el GIRE alerta que, en casos de violación, autoridades judiciales no sólo omiten proporcionar a las víctimas la llamada “pastilla del día después”, abortiva, sino que suelen negar las autorizaciones legales requeridas para efectuar una interrupción de embarazo.
“En los últimos cinco años sólo se emitieron 39 autorizaciones en todo el país” de este tipo, indicó el reporte.
En México las mujeres pobres, con menor educación e indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que el resto, subraya el GIRE.
Al menos 151 personas fueron sometidas a un proceso penal en México por delitos relacionados con el aborto entre 2007 y 2012, concluyó un estudio de una organización civil presentado este martes.

AFP