El Gobierno de México condenó hoy “el cobarde homicidio” de Nepomuceno Moreno, miembro del movimiento de paz encabezado por el poeta Javier Sicilia, y reprobó el tratamiento que la fiscalía del estado de Sonora ha dado al caso, al criminalizar a la víctima.
Nepomuceno Moreno, que exigía justicia por el secuestro de su hijo y había recibido amenazas de muerte, fue asesinado a tiros el lunes pasado en Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora.
La fiscalía de Sonora indicó ayer que todo apuntaba a que el homicidio estaba relacionado con la delincuencia organizada, por los antecedentes penales de la víctima y por el secuestro y desaparición de su hijo en julio de 2010 junto a otros jóvenes.
En un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Interior), el Ejecutivo mexicano reprobó hoy “el tratamiento público de este caso, donde se criminaliza a las víctimas de la violencia, al enfatizar sus antecedentes penales”.
“Lo anterior no será un impedimento para llevar ante la justicia a los responsables de estos reprobables hechos”, aseguró tras indicar que brindará el “apoyo necesario” en las investigaciones para esclarecer el asesinato del “reconocido activista”.
Además, el Gobierno federal señaló que estará “atento a los resultados de las investigaciones” que realiza la fiscalía general en torno a “la actuación de las autoridades competentes, particularmente lo referente al otorgamiento de medidas cautelares”.
En un diálogo público con el presidente celebrado en octubre con el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) liderado por Sicilia, el activista había pedido a Calderón garantías a su seguridad personal, ya que había recibido varias amenazas de muerte.
Sicilia pidió ayer la remoción del fiscal de Sonora, Abel Murrieta, por su presunta responsabilidad en no haber garantizado la seguridad de Moreno, así como la protección de los familiares de la víctima.
La titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del delito (Províctima), Sara Irene Herrerías, dijo hoy a Radio Fórmula que la viuda e hijos aceptaron trasladarse a la capital mexicana, donde vivirán en una casa custodiada.
“No puede ser que siempre tengan que estar huyendo, por eso tenemos que encontrar la manera de que ellos se trasladen a un lugar donde puedan hacer una vida segura”, apuntó, y añadió que están coordinando el traslado el MPJD.
EFE