Para qué tanto brinco

Opinión por Hugo Lynn Almada

La actividad pública está desacreditada porque no existe entre los organismos que ejercen el poder y los ciudadanos adecuados mecanismos de comunicación social que permitan a los gobiernos transmitir con claridad el mensaje que el público debe entender.

El gobierno en general manda mensajes ambiguos, cargados de propaganda e interés partidista que impiden que el receptor los acepte y los comprenda. A esto hay que añadir que los gobernantes se empeñan en incumplir con su labor.

Así pues, los gobiernos quieren que la gente acepte sus decisiones sin ton ni son, y al mismo tiempo llevan a cabo acciones que demeritan su imagen. Existe corrupción, opacidad y engaño. Con estos tres elementos la población pierde confianza hacia sus autoridades y estas hacen poco por mantener la credibilidad en un estándar adecuado.

Aterrizando estos conceptos al caso de Vallarta encontramos mensajes disímbolos que confunden al ciudadano. Por un lado, se ejercen acciones penales para castigar a autoridades corruptas, y luego estas dejan de tener seguimiento y se estropea la acción penal. Esto es, se dice una cosa y al final se hace otra.

El caso de la denuncia penal que el alcalde Ramón Guerrero Martínez presentó en contra del ex síndico Fernando Castro es icónico. El pasado 22 de noviembre entre bombos y platillos, armado de una parafernalia mediática sin parangón, el Presidente Municipal acompañado de un grupo de regidores, se presentó ante la autoridad judicial en la capital del Estado para denunciar al funcionario de marras por presuntos delitos.

Se convocó a la prensa, se hizo una gran difusión del evento y finalmente no se logró nada porque no se ratificó la denuncia, lo que resulta básico para que la acción de la justicia active su engranaje. Hoy, aquella denuncia quedó sin efecto, y si el ex síndico cometió alguna atrocidad esta quedará olvidada.

Aquí es donde falla la comunicación. No hay estrategia de un área de comunicación social suficiente que logre consolidar su proyecto si el mensaje que se genera es confuso. En estas circunstancias no podría el alcalde exigir nada a su equipo de imagen, porque sencillamente no les da armas para hacer un trabajo convincente.

Con esta falta de seguimiento podemos pensar que la denuncia no se concretó en su fase de ratificación bajo dos supuestos: uno, porque hay incapacidad de los responsables jurídicos del municipio y dos, porque hay un arreglo cupular entre el alcalde y el PRI para dejar en paz a las anteriores autoridades municipales, a cambio de vaya usted a saber qué prebendas.

Si el gobierno municipal quiere que sus gobernados le tengan confianza debe actuar siempre en el marco de la transparencia y la honestidad; debe haber una explicación suficiente y creíble que justifique la inacción de su área legal. A veces, en estos casos es mejor no hacer nada. No

haber denunciado hubiera sido mejor que haberlo hecho y después haber abandonado el proceso. O como dicen los clásicos: para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo.