Deuda II

Por Hugo Lynn Almada

Todo pesa pero no todo es deuda. Los números que ha presentado Ramón Guerrero como deuda no lo son en realidad. Ayer, se ventilaba que, por ejemplo, 60 millones de pesos incluídos en materia de obras de reparación de infraestructura corresponden a recursos que no han “aterrizado” y son parte del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, es dinero que no ha aportado el Gobierno del Estado.

Y así, hay un rosario de rubros que, aunque sí pesan a la bolsa del municipio, no son en realidad una deuda. Le pongo otro ejemplo: los casi 80 millones de pesos que se deben a una empresa que opera el estacionamiento de El Pitillal son perfectamente negociables, se trata de establecer un acuerdo con el empresario para disminuir ese monto.

Lo mismo sucede con otros rubros que no son necesariamente deuda, sino que corresponden a litigios que aún pueden llevarse a nuevas instancias para intentar no pagarlos. Hoy, ya es responsabilidad de la actual administración participar en la solución de los casos, no solo en buscar a los culpables (como ya lo hemos dicho antes) sino en definir estrategias jurídicas que permitan a la comuna evitar perder más dinero.

Otro ejemplo: está el litigio con la empresa Envir Eau y los supuestos 800 millones de pesos que se le adeudan: eso no puede incluirse en la deuda pública, eso debe llevarse a instancias jurídicas que impidan el pago del recurso. Se trata a todas luces de un asunto en el que su promovente se relame los bigotes para recibir la cuantiosa suma, mal haría el gobierno de Guerrero Martínez en pretender pagarlos.

Este es el tipo de detalles que deberán observar los legisladores locales a la hora de autorizar, o no, un plan de rescate financiero a los municipios. Hay voces que se pronuncian por no premiar la ineficiencia, y sí ahondar en las investigaciones que permitan hacer pagar a los responsables por el quebranto económico de las arcas municipales.

En Guadalajara, por ejemplo, se tiene una deuda pública (real) de 2 mil 700 millones de pesos; se habla que el responsable es el gobernador electo Aristóteles Sandoval, y que impulsar un plan de rescate sería como darle un visto bueno a la ineficiencia.

En Vallarta el responsable parece ser Salvador González Reséndiz, pero no olvidemos que el ex alcalde no tomaba las decisiones solo: había un cuerpo de regidores que le autorizaron todos y cada uno de los empréstitos. Lo mismo sucede en el caso de Javier Bravo y sus ediles.

Se debe pues definir con claridad qué si es deuda y que no. Está claro que ese tema no lo puede hacer el Ayuntamiento porque no tiene voluntad política para hacerlo. Al final el tema va a caer en el legislativo, y ahí, podrían atorarse muchas cosas con el papá de Chavita en la bancada del PRI.