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Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
La sexta sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de Jalisco concedió a los regidores de oposición la suspensión de los acuerdos aprobados en la primera sesión de ayuntamiento de Puerto Vallarta, así como de los actos derivados como la autorización del nuevo Reglamento Orgánico.
Traducido en otras palabras lo que ordena el Tribunal es que se congelan las aprobaciones de los regidores en cuanto a la modificación de la normatividad, al igual que los nombramientos de las comisiones edilicias e inclusive la toma de protesta de dos ediles: Agustín Álvarez Valdivia del Partido Verde y Luis Munguía de Movimiento Ciudadano.
El oficio apunta: “Se concede a los actores la suspensión de los actos atribuidos a las autoridades demandadas en el juicio administrativo en que se actúa, la cual se otorga, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, es decir, para que las autoridades demandadas no ejecuten el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, con fecha 1 de octubre del 2012, a través del cual fue aprobado el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, así como para efectos de que no se promulgue ni sea publicado en su caso, dicho reglamento; la suspensión otorgada por esta sala, surte efectos desde este momento, la cual perdurará hasta en tanto sea resuelto el juicio administrativo en que se actúa, a través de sentencia ejecutoria”.
Las resoluciones impugnadas son: la improcedencia de la convocatoria para la sesión ordinaria del 1° de octubre del 2012, la aprobación de la orden del día, el acuerdo por el cual fue aprobado el reglamento orgánico de gobierno y la administración pública de Puerto Vallarta, la promulgación de dicho reglamento y su publicación en la gaceta municipal el mismo día.
Las autoridades demandadas son el alcalde Ramón Guerrero Martínez, el secretario general Antonio Pinto y el síndico Roberto Ascencio.
La notificación de la resolución se realizó poco antes de la sesión de ayuntamiento, en donde la autoridad municipal, en el caso de la oficina del síndico, se negaba a recibir el escrito, de igual manera la oficialía de partes también rechazó el recibir los documentos.
Antonio García de Sindicatura argumentó que él tenía instrucciones del síndico de no recibir los papeles. No obstante, después llegó el Procurador Social del ayuntamiento, Juan Hernández, y señaló que él lo haría.
En la sesión de ayuntamiento, el síndico informó que se había recibido la notificación.
En rueda de prensa a temprana hora hoy, el presidente municipal Ramón Guerrero declaró que lo que se impugnaba eran actos consumados, por lo que la suspensión quedaba fuera de lugar, minimizando la orden del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco.
El oficio está firmado por el magistrado Alberto Barba Gómez, presidente de la sexta sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
