La crisis

Al arranque de la administración de Salvador González Reséndiz sus asesores en materia financiera calcularon en casi 20 millones de pesos la “deuda” que por concepto de indemnizaciones deberían pagar a empleados despedidos en los tiempos de Gustavo González Villaseñor. En sus tres años, Javier Bravo Carbajal se desentendió del compromiso y pudo torear esas obligaciones. Se incluyen algunos laudos de despedidos en los tiempos de gobiernos panistas.
Sin embargo, bien dice el dicho que a toda capilla le llega el día de su santo. El fin de semana varios regidores se preocuparon cuando se enteraron por la prensa que el Tribunal de Arbitraje había solicitado suspender al Ayuntamiento en pleno. Finalmente el alcalde y los regidores habían sido tocados por las decenas de demandas laborales que se vienen arrastrando desde hace ya varios años.
El problema se subsanó a decir del encargado del despacho de la Sindicatura. El cheque al empleado despedido sin justificación esta por firmarse y a oros temas. O mas bien dicho, a esperar resoluciones pendientes de trabajadores que recurrieron a los tribunales en demanda de un finiquito justo.
Remitirse a los años idos resulta tan ocioso y laborioso. Los priistas siempre han acusado a los panistas de haber sido los primeros en romper la regla de oro que consiste en que a terminar una administración, todos deben estar preparados para irse a la banca y renunciar a sus quincenas. A estas alturas, eso es lo de menos pues por igual panistas que priistas, a ser tocados por los filos de la nueva administración, se resisten a ser borrados de la nómina. Ahí radica en problema que enfrenta cada tres años el presidente municipal en turno. González Reséndiz ha debido responder por los despedidos en las dos últimas administraciones, priistas por cierto.
Al día de hoy, se estima que si prosperan demandas laborales, se debería pagar no menos de 50 millones de pesos a ex trabajadores. No es una cifra menor pues si a eso se le añaden los mas de mil millones de pesos por deudas contraídas por Javier Bravo, es igual a pensar que la bancarrota de las finanzas municipales es cosa real.
Cuando González Villaseñor echó a los panistas del gobierno municipal hubo no menos de un centenar de servidores despedidos. Al menos 22 de ellos demandaron en paquete. Condenado a pagar, salieron varios cheques por cantidades que a veces superaron uno o dos cientos de miles de pesos. En otros casos, se aceptó la orden de reinstalarlos.
Pero, los nuevos gobernantes priistas se indignaron pues creían que desde el Partido Acción Nacional se alentaba a los despedidos a demandar. Sospecharon que era toda una treta orquestada con fines políticos para desestabilizarlos. Decidieron entonces desdeñar las demandas y posponer cada sentencia, recurriendo a estrategias legaloides parta hacer tiempo y heredar le obligación a quienes después llegaran a ocupar la responsabilidad en la alcaldía. Por eso ahora Salvador González enfrenta millonarias demandas. Empleados de quinta que en su momento devengaron sueldos bajos, al acumular años en espera de su pago, sumaron el monto hasta alcanzar casos como el que ameritó la petición de literalmente “desaparecer” al Ayuntamiento local.
Es cierto que el origen del problema financiero radica en le enorme deuda que contrajo en su momento Javier Bravo. El contralor municipal Miguel Angel Rodríguez Curiel la estimó en mil 200 millones de pesos al inicio de esta administración. Pero, la administración brava, como las que le antecedieron y la actual pudieron aplicar políticas de austeridad, atacando por ejemplo el gasto diario, empezando por adelgazar la nómina.
Para nadie es desconocido que la nómina está convertida en un instrumento que reditúa altos dividendos políticos. Ese es el uso mas efectivo y lo hacen hoy los priistas como antes lo hicieron los panistas. Cuando Fernando González desplazó a los priistas creía a ciegas que podía reducir la nómina. Se arrodilló ante la realidad. Hizo todo lo contrario y bajo el argumento de extirpar la corrupción, dijo que era necesario pagar salarios dignos para no obligar a los “ejecutivos” a corromperse. A partir de ahí la nómina se disparó llegando en tiempos de Javier Bravo a significar el 60 por ciento del presupuesto de egresos.
Al cambio de gobierno, el nuevo alcalde enfrenta el dilema de cumplir a quienes le ayudaron en su campaña. Se va por la opción de abrir plazas para darle trabajo y cumplir su palabra. Si es necesario despedir a un trabajador lo ordena y punto. Toma decisiones en función del interés político y no respondiendo al interés de la comunidad. El empleado despedido se siente atropellado en sus derechos, va y demanda, a sabiendas de que mas tarde que temprano ganará su demanda.
Lo mas curioso es que los políticos desde el gobierno a actúan bajo caprichos personales. Es eso que le ha costado a la tesorería municipal millones de pesos. Nos acordamos por ejemplo del despido de Luis Hernández que al despertar de un mal sueño, Juan Carlos Peralta ordenó despedirlo de la jefatura de prensa de la policía municipal. Le ofrecieron como liquidación unos tostones y el periodista prefirió demandar. No había razones legales para ese despido y ese es argumento suficiente para que en su momento se condene al gobierno municipal a firmar otro millonario cheque. Justo sería que Juan Carlos Peralta pague por ese atropello, que se condene al funcionario que se excede en sus funciones.
Entonces, hay responsabilidad, aun sea moral, por todos lados. El funcionario abusivo que se cree intocable y atropella al trabajador, y por el otro lado, empleados vividores, ligados a la política, que no quieren renunciar a los privilegios de la nómina después de perder una elección. No son directores o funcionarios de primer nivel sino burócratas de cargos medios que aprovechan el momento para demandar a la administración cuando les piden hacerse a un lado. Todos ellos saben que demandar al gobierno municipal es garantía de ganar una buena suma de miles de pesos. Son vividores por ser invitados a una administración de tres años y que al cabo de ese periodo llegan otros a cubrir su plaza y, conforme a esa regla de oro, deben someterse a la obligación moral de renunciar.

Revolcadero

Y a propósito de pillajes contra el erario público, cuando Javier Bravo Carbajal cumplió sus tres años de gobierno, no pocos actores de la política local amenazaron con denunciar al ex alcalde por desviar dinero y mandar a la quiebra al municipio. Nos acordamos que Rafael Yerena Zambrano y Ramón Guerrero Martínez son dos de ellos. Quien sabe si en verdad denunciaron a Bravo pero eso dijeron una y otra vez tantas veces un periodista les puso una grabadora frente a ellos. De cualquier forma, a estas alturas, nada se sabe de alguna autoridad que haya actuado contra Bravo. Lo que hubo, fueron gritos de estridencia, discursos demagogos y exhibiciones ante la prensa. Probablemente ni hubo denuncias ni aportaron pruebas contundentes de actuaciones ilícitas de un Bravo que se sigue paseando campante y amenazando los proyectos políticos de Rafael Yerena. ***** El Partido Acción Nacional también fue parte de esas cantaletas. En público y en privado, en sus reuniones mensuales repitieron muchas veces que solicitarían al partido abrir un expediente para solicitar la expulsión de los regidores que en su momento aprobaron las propuestas de Javier Bravo. A la fecha, Santiago Centeno, Raúl Melín y demás, por ahí andan, arropando proyectos y embaucando aspirantes. Siguen siendo panistas y a lo sumo se les tienen suspendidos de sus derechos de militante porque no pagaron sus cuotas.*****