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Abogados de Facebook y de una asociación defensora de los derechos civiles pidieron a una corte federal de apelaciones que declare que hacer clic en “Me gusta” en las redes sociales se considera libertad de expresión que goza de protección constitucional.
El caso gira en torno a seis empleados a los que despidió el alguacil de Hampton, B.H. Roberts, porque apoyaron al aspirante que le disputaba la reelección en 2009. Uno de los empleados, Daniel Ray Carter, presionó el botón de “Me gusta” en la página de Facebook del oponente de Roberts.
Facebook dijo que hacer clic en “Me gusta” es el equivalente del siglo XXI a la añeja práctica de colocar un letrero de campaña en el jardín de una casa.
“Si Carter hubiera pregonado en la esquina de una calle ‘Me gusta Jim Adams para alguacil de Hampton’ no habría controversia de que su afirmación era un discurso protegido por la constitución”, dijo Facebook en un documento que presentó como amigo de la corte ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito.
“Carter hizo esa declaración; que la expresara en internet, mediante el clic del ratón de una computadora, no priva a su discurso de la protección constitucional”, señaló Facebook.
El juez federal Raymond Jackson falló en abril en contra de los empleados con el argumento de que marcar “Me gusta” en una página de Facebook carecía del mérito suficiente para recibir la protección constitucional.
“En casos en los que los tribunales han determinado que las protecciones constitucionales a la libertad de expresión se extienden a mensajes en Facebook, existían enunciados concretos registrados”, escribió Raymond.
Facebook y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) desean que el tribunal de apelaciones anule la decisión del juez. La ACLU también defiende a otros empleados despedidos que no habían marcado “Me gusta” pero que también apelan la decisión.
Roberts dijo que algunos de los trabajadores fueron retirados porque deseaba reemplazarlos con agentes que ya habían rendido juramento, mientras que otros fueron despedidos por bajo desempeño o porque sus acciones “eran un obstáculo para la armonía y la eficiencia en la oficina”.
La ACLU arguyó que las posturas de Roberts no debían estar por encima de los derechos de los empleados.
“Es por ley, vinculada a la Primera Enmienda, que sin importar la posición de un empleado, un empleador público no puede despedirlo por una expresión que haya hecho sobre un asunto de interés público ajeno a las responsabilidades laborales”, escribió el grupo.
