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Cancún.- El Alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, acusó el faltante de unos 162 millones de pesos de un crédito por 230 millones de pesos que solicitó y recibió el Ayuntamiento anterior.
‘De acuerdo con los registros contables, el saldo faltante en cuentas sobre el monto total recibido por el Municipio asciende a 162 millones, 560 mil 328.
66 pesos’, reveló el Presidente Municipal en un comunicado.
Ricalde dijo que al tomar protesta, el 10 de abril, no detectó recursos de este crédito autorizado por el Congreso estatal, con el número de decreto 166 y que fue recibido por el Ayuntamiento el 14 de abril de 2010.
‘De acuerdo con la secuencia de hechos anteriormente expuestos, al 10 de abril del año en curso, fecha de inicio de la actual Administración municipal, ningún recurso proveniente del empréstito del decreto 166 fue encontrado en las arcas municipales’, agregó el Alcalde perredista.
El crédito fue promovido por el entonces Presidente Municipal, Gregorio ‘Greg’ Sánchez y autorizado por el Congreso del Estado, el 17 de septiembre de 2009.
Sin embargo, Sánchez Martínez pidió licencia, el 30 de marzo, para ser candidato a la Gubernatura y fue detenido el 25 de mayo acusado de vínculos con la delincuencia organizada.
El Congreso del Estado aprobó el crédito con la condicionante de que fuera invertido en obra pública.
El Alcalde indicó que el empréstito fue depositado a una cuenta de gasto corriente del Ayuntamiento, lo que, apuntó, sería otra irregularidad.
El Presidente Municipal desglosó que de los 229 millones 656 mil 192.
28 del crédito, 6 millones 373 mil se destinaron al pago de la comisión de apertura de la cuenta en la que fue depositado y 60 millones 722 mil 863.
62 en pago a cuatro empresas constructoras.
Aunque de los casi 61 millones de pesos destinados al pago a las empresas constructoras, 23 millones 529 mil 776.
63 pesos corresponden a saldos pendientes por amortizar.
‘Se trata de obras pagadas, pero no ejecutadas’, dijo.
Julián Ricalde ofreció ampliar las investigaciones y fincar responsabilidades.
‘Toda vez que concluyan las respectivas indagatorias, no sólo se procederá a informar de manera puntual y oportuna a la ciudadanía, sino también, en su caso, fincar las responsabilidades legales a quienes hayan incurrido en posibles anomalías’, dijo.
