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La protección que se hace de los derechos políticos de los indígenas en el Derecho Constitucional mexicano halla su raíz primigenia en la Constitución liberal de Cádiz, afirmó hoy el magistrado presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos.
El titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México señaló que el texto gaditano marcó el camino que se siguió rumbo a la normalidad política y en ella, el ciudadano es parte fundamental en la construcción de la sociedad.
Luna Ramos participó en la mesa redonda “Trascendencia y proyección de Cádiz en el derecho mexicano”, en el marco del seminario “México en Cádiz, 200 años después: Libertades y democracia en el constitucionalismo contemporáneo”, inaugurado la víspera en esta ciudad del sur de España.
Luna Ramos sostuvo que la capacidad de los ciudadanos es participar en la administración del poder político y se traduce y tiene asidero en la preeminencia y vigencia de los derechos políticos.
Para ello, los ciudadanos tienen el derecho de votar, ser votados, de asociarse para fines políticos y participar en la organización y vigilancia de los procesos electorales.
Luna Ramos remarcó que en la actualidad uno de los requisitos para que exista una democracia en un país es que haya un desarrollo pleno de estos derechos políticos en toda la sociedad.
“La participación política de todos los ciudadanos refleja un Estado sano que representa los intereses de todos los grupos que conforman una Nación”, enfatizó.
En la mesa redonda, en la que también participaron Elisa Speckman Guerra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Jaime Hernández Díaz, de la Universidad Michoacana, Luna Ramos dijo también que México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes.
Manifestó que además de la cultura occidental, la heterogeneidad que prevalece entre los más de 60 grupos lingüísticos que habitan el país, con diversidad de concepciones del mundo, costumbres y normas, “nos obliga a promover la justicia entre y para los mexicanos”.
Esto, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio de la población del país estuvo por mucho tiempo al margen del desarrollo y bienestar al que tienen derecho.
Consideró que para que las instituciones democráticas sigan apoyando el fortalecimiento de la participación política de las comunidades indígenas, se debe abonar a su efectiva autonomía.
Asimismo, al pleno respeto de su identidad colectiva y al efectivo ejercicio de sus derechos político-electorales en tanto son ciudadanos mexicanos.
Afirmó que el TEPJF, a través de su sentencia y jurisprudencia, contribuye a esta causa pero más allá, es así como la visión de Cádiz respecto a los indígenas, como ciudadanos con derechos político-electorales, sigue vigente actualmente.
Agencias
