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Leticia Arana
Las posibilidades de adquirir o conservar una vivienda en Jalisco, han ido disminuyendo desde hace diez años, toda vez que sus costos, crecieron hasta 70 por ciento, mientras que el salario solo 20 por ciento, lo que obliga, además de otros esquemas gubernamentales, diseñar una Ley de Rentas, a fin de que mayoría de los trabajadores, acceda o cuente con casa habitación digna, afirma diputado emecista, promotor de esta iniciativa, Omar Cervantes Rivera:
“…Creando una Ley de Rentas que tenga todas las características necesarias; en la discusión se han dicho muchas cosas, como el tema del tope de la renta, la regulación de plataformas, no especulación con la vivienda social, hay un montón de temas que tenemos que estar articulando, pero no queremos aventurarnos, y si consultar a todas las partes para hacer una ley adecuada y que no se convierta solamente en poesía legislativa. El paso, es la construcción de la Ley de Renta y una política pública, que hable de las viviendas sobre todo el tema de las viviendas deshabitadas, que estos avances, se traduzcan en soluciones accesibles y sostenibles para la población, en busca de fortalecimiento de las instituciones en materia de vivienda…”
Asegura que durante estos primeros seis meses, realizarán foros y mesas de trabajo con especialistas, propietarios, arrendadores, constructores y similares, para consolidar esta Ley que sería presentada en junio, antes de que se discuta en el Congreso estatal, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, toda vez que sin vivienda adecuada, no existe justicia social y la prueba está en que alrededor del 30 por ciento de las familias enfrenta deuda por algún crédito hipotecario, pues destina más de la mitad de su salario a dicho pago.
En cuanto a rentas para el segmento de jóvenes, detalla que siete de cada diez de estos, no puede acceder a una vivienda propia y los que arrendan, deben invertir más del 40 por ciento de su sueldo.
Así mismo, sugiere revisar el tope de renta, regular plataformas y erradicar cualquier especulación con la vivienda social, además de impulsar una política pública integral que permita aprovechar la infraestructura y garantizar vivienda digna, frente al panorama de casas abandonadas, por lejanía de los sitios de trabajo y la inseguridad.
En esta propuesta, se hace alusión a fortalecer la renta social, garantizada, básica, y, aquella con opción a compra, como una prestación económica periódica, que permita a familias de bajos recursos, cubrir sus necesidades básicas.
