Rezago de Jalisco, sobre Investigación de Tortura, Obliga Crear Fiscalía Especializada en esta Materia: CGH

Leticia Arana

Ya que la Unidad de Investigación sobre el delito de tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos y esta a su vez, de la Fiscalía General de Jalisco, sigue sin resultados tangibles, en casos como abuso policial a la vista pública y en los separos, se hace necesario crear una Fiscalía Especializada para tal rubro, con autonomía de gestión y operación, afirma Claudia García Hernández, diputada promovente de tal  iniciativa, como lo instruyó  el máximo tribunal del país:

“…Como indica la Suprema Corte, en las Entidades federativas, se deberían crear las Fiscalías Especializadas en el delito de tortura y dio un plazo  de 90 días para que así sucediera, y como vemos en Jalisco, es letra muerta, pues llevamos casi seis años de incumplimiento; tenemos la responsabilidad  de acatar lo que el pasado 31 de enero, resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ordena iniciar de manera prioritaria,  el proceso legislativo  para crear una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. Existe ahorita una unidad, pero esta unidad es dependiente justamente de la Fiscalía, entonces lo que se pretende  es que sea autónoma, porque quienes cometen el abuso de poder, están en estas corporaciones policíacas y la unidad que pertenece a Derechos humanos, está jerárquicamente debajo, por eso es la intención de que sea especializada y que se modifique, porque como vas a acusar a tu jefe de que tortura . Necesitamos una fiscalía especializada para que pueda ser autónoma…”
 
Detalla que resulta inaceptable, el insuficiente respaldo  a la Unidad de Investigación sobre el delito de tortura, ya que incluso, le fue etiquetado en el presupuesto de egresos estatal 2024, menos recurso respecto al año pasado, cuando le fueron asignados solamente dos millones de pesos, impidiéndole  desempeñar como debe, su función.
Añade que sugerida Fiscalía, actuaría con plena libertad, ante abusos policiales, toda vez que deben castigarse de forma inmediata e institucional y agilizar la reparación del daño a los afectados, considerando que quienes investiguen estos delitos, cuenten con  autonomía.