Leticia Arana
Durante sesión extraordinaria, la madrugada de este 26 de enero, diputados de Jalisco, en medio de polémica entre bancadas legislativas, por considerar que se pretendía una designación a modo, partidista o bajo el sello de “Cuotas o Cuates”, sin privilegiar capacidad y experiencia, eligieron a cuatro nuevas magistradas y tres magistrados, que reemplazarán a juristas del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, tras jubilarse o finalizar su periodo.
Los designados para un periodo de doce años, que, a decir del coordinador de la fracción emecista, Quirino Velázquez, cumplieron con requisitos de idoneidad, obtuvieron buena calificación en el examen CENEVAL y presentaron propuestas, durante entrevistas en la Comisión de Seguridad y Justicia, son: Jorge Arturo García Valencia, Jorge Alfredo Hidalgo González, Enrique Flores Domínguez, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, Wendy Alhelí García García, Ana Paulina Camacho Mendoza y Miriam Haydee Rincón Ochoa, varios de los cuales, de acuerdo con versión de diputados de Morena y Futuro, están vinculados fuertemente a MC y PRI, lo que resta objetividad y refrenda el criterio de conveniencia política en esta Entidad, al margen de toda objetividad y congruencia.
Previo a ello, el presidente de CANACO tapatía, Raúl Uranga Lamadrid, mediante exhorto al Congreso Estatal, exigió que la elección de Magistradas y Magistrados, fuese razonada, ajena a intereses político-partidistas, ya que dicho puesto, requiere conocimiento, trayectoria, probidad, independencia, responsabilidad social, ajeno a compromisos y completamente imparcial:
“…La Cámara de Comercio de Guadalajara, hace un respetuoso y enérgico llamado al Congreso de Jalisco, para que elija a las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia con imparcialidad y sin intereses que beneficien a los partidos y actores políticos. Esta es una nueva oportunidad para las y los diputados, de acabar con viejas prácticas que han dañado la vida institucional de Jalisco, porque responden a un sistema de reparto de puestos públicos basados en la lealtad partidista o intereses particulares, en lugar de los criterios legales y técnicos necesarios, para el ejercicio de estos cargos de tanta responsabilidad pública…”
Cabe destacar que el Pleno del Congreso, tenía de plazo hasta el primero de febrero próximo, para referida elección, sin embargo, la misma, reprochan diputados opositores, se realizó intencionadamente vía “ Fast Track”, violentando el proceso pertinente.