Leticia Arana
La arremetida del crimen organizado, anoche, tras hacer detonar a distancia, artefactos explosivos, colocados en predios de Tlajomulco de Zúñiga, provocando la muerte de seis
personas entre policías municipales y elementos de la Fiscalía, así como 12 heridos, es una trampa para amedrentar a las autoridades y generar miedo, sostiene gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, al aclarar que no se culpa de este hecho, a madres buscadoras de desaparecidos, quienes reciben llamadas anónimas, sobre ubicación de fosas clandestinas:
“…Hemos abordado el lamentable hecho, que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco, cerca de la cabecera municipal, en donde la delincuencia organizada, atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco, en un hecho que no habíamos visto antes aquí con artefactos explosivos improvisados, detonaron siete de ellos, uno más que no afortunadamente no explotó, dejaron saldo de seis fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror brutal y es un momento en el que estamos cerrando filas…”
Al asegurar operativo para dar con los responsables de este ataque, enfatiza que tienen definidos procedimientos que garanticen la integridad de ciudadanía y en este caso de colectivos dedicados a la búsqueda de familiares desaparecidos, ya que una integrante de estos, al confirmar recepción de aviso anónimo relativo a presunto nuevo cementerio clandestino y notificarlo a las autoridades de seguridad, posibilitó el plan de los grupos delincuenciales para atacar directamente a los uniformados.
Por tal razón, el Mandatario, en consonancia con el Fiscal Estatal, Luis Joaquín Méndez Ruíz, determinaron la suspensión temporal de las búsquedas, a fin de preservar su seguridad, hecho que fue cuestionado por citados grupos, quienes argumentan su derecho a continuar dichas exploraciones, para encontrar a sus desaparecidos, aún y cuando localicen solo, fragmentos de los mismos.
Este hecho, que escaló a nivel nacional, a decir de analistas, demuestra el grado de impunidad y poder, con el que opera la delincuencia organizada, para mantener el control y someter a las autoridades.