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Leticia Arana
Aunque se han promovido reformas, para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, o sin riesgo de habitabilidad, Jalisco, sigue rezagado en esta materia, por falta de accesibilidad, debido a que el salario promedio de un trabajador, oscila entre los seis mil y ocho mil pesos mensuales, lo que dificulta para la mayoría, solventar necesidades básicas, de ahí el imperativo de adecuar esta política, en beneficio de quienes reciben bajos ingresos o son vulnerables, afirma diputada del PAN, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mirelle Montes Agredado:
“…El reto es mayúsculo, y debemos empezar a trabajar en la construcción de una nueva agenda urbana, asegurar que la ciudad o determinada región debe ser un lugar que garantice una vida plena y decente para todo sus habitantes, especialmente aquellos que sufren para falta de recursos o que no les alcanza en satisfactores mínimo, menos, aspirar a una vivienda digna o segura. Se necesitan sitios justos, inclusivos y sostenibles, para todos…”
Subraya que el Estado, está obligado, según la normativa actual, a facilitar e implementar medidas o formas de resolver este problema, si pretende el bienestar de sus gobernados. Esta Entidad, añade, muestra muchos contrastes, entre quienes tienen fácil acceso y aquellos que ven pasar, lo que les resulta imposible tener. Es entendible, precisa, que las oportunidades llegan, dependiendo de circunstancias laborales y personales, sin embargo, urge que toda iniciativa al respecto, no quede en el papel o discurso, sino en hechos tangibles.
Lo anterior, fue expuesto, durante presentación, en Puerto Vallarta, del “Programa 2023 Vivienda y Ciudad” organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, donde se destacó la promoción de un trabajo conjunto hacia ciudades, por y para todas y todos. Exigió al gobierno estatal, participar aún más, en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de vivienda, así como a los municipios, se enfoque en vincular a sectores público, social y privado, en la oferta de casas de interés social , en zonas consolidadas, o entornos con todos los servicios.
