Políticas Públicas Gubernamentales, para Atender la Violencia de Género en Jalisco, son un Fracaso: LPR

Leticia Arana

Es inaceptable que el gobierno estatal, atribuya el elevado clima de violencia de género en Jalisco, a problemas individuales o de pareja, al interior del seno familiar, enfatiza la diputada de Morena, Leticia Pérez Rodríguez, al señalar que tal situación, mantiene rebasadas a las autoridades, no obstante existan políticas públicas, como los Centros de Justicia para las Mujeres , donde la atención, dista mucho de ser ágil o efectiva:

“…Presentamos otros dos acuerdos legislativos, uno a la Fiscalía General del Estado y al Centro de Justicia para las Mujeres, para que otorguen atención integral y psicológica, por personal calificado a las mujeres, sus hijos y familiares que acuden a estas instancias a denunciar conductas violentas, que son violentadas , que sea una atención rápida, eficaz .Urge que termine el manejo tibio del gobierno ante este problema, o que acepte su incapacidad para resolverlo y no argumente que viene de raíz o por falta de entendimiento entre las parejas…”

Ante esto, propone reformar la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, a fin de garantizar que las autoridades, brinden verdadero apoyo integral interdisciplinario, aplique medidas preventivas y un seguimiento oportuno, a través de brigadas interinstitucionales integradas por personal de la Secretaría de Asistencia Social, la de Salud, Seguridad y Fiscalía, para que visiten periódicamente barrios y colonias, donde se focalizan más casos de violencia, darles una guía y respaldo real. De no contar con ello, añade, seguirán los feminicidios.

Por otro lado, afirma que enviaron exhorto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que visite los Centros Penitenciario que dependen de la Dirección General de Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Estatal, con el propósito de que conozca la situación de internas y custodias, como garantía de respeto a sus derechos humanos. Esto, en alusión, al reciente caso de presunto abuso sexual, contra dos vigilantes, al interior de Puente Grande, hecho que negó el mismo gobernador, al decir que no había denuncia respectiva.