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Aprueban Diputados, que Antecedentes Penales, Prohíban Aspirar o Ascender, a un Puesto Público en Jalisco: JACHA

jueves, 26 de enero del 2023

Leticia Arana

Toda vez que aspirar a determinado cargo público en Jalisco, requiere probidad profesional y calidad moral, la  Comisión de Puntos Constitucionales  y Electorales del Congreso, aprobó dictamen para determinar como causal, prohibir dicho propósito,  a quienes arrastren u ostenten antecedentes delictivos, como abuso sexual infantil, violación, feminicidio, violencia política contra las mujeres, y ser deudor alimentario moroso, confirma su  diputado presidente, Jorge Antonio Chávez Ambriz:

“…El servicio público, entraña un enorme compromiso que debe surgir primero de la calidad moral, y si esta ha sido quebrantada, difícilmente podrá esperarse un desempeño congruente, de lo contrario cae en la simulación. La sociedad merece pulcritud personal y amplia responsabilidad. Existen lagunas jurídicas que deben aclararse, para no caer en errores o procesos, que luego salen a flote y lo lamentamos todos. Es la razón de exigir o elevar requisitos, para quienes deseen un cargo público o de representación…”

 

Destaca que en otro de los dictámenes avalados en citada fracción legislativa, acordaron reforma al Código Civil estatal,  a fin de que padres de familia, que por determinada razón o agravante,  pierden la guarda y custodia de un menor, ésta, deba ser conferida a parientes hasta el cuarto grado, o a falta de estos,  o que estén imposibilitados físicamente a ejercerla, otorgarla a otras personas con las que el pequeño o pequeña, tenga una relación efectiva comprobable, siempre ponderando o privilegiando, el interés superior de la niñez.

En cuanto al Código Penal, votaron adicionar artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de elevar pena privativa de la libertad, a un tercero o funcionario público que favorezca la evasión de un preso o salida temporal de aquellos arraigados, así como ignorar medidas cautelares. La sanción, añade, será de hasta doce años de prisión, además de la destitución del cargo público.

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