Leticia Arana
El conflicto entre la UdeG y gobierno del Estado, al que se añadió otro matiz, tras encarcelamiento y posterior liberación de tres estudiantes, integrantes de la FEU, quienes reclamaron y protestaron por el uso privado de un predio en Huentitán, que vendió el municipio de Guadalajara a particulares en 2008, tiene una razón fundamental, el uso político que hace Raúl Padilla López, auto considerado dueño de la institución, donde esta situación como otras, representa una carnada para garantizar intereses personales, sentencia gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
“…Por la universidad de Guadalajara, lo que hay, es respeto, cariño y voluntad de trabajar por una institución que es de todos los jaliscienses, no hay ningún conflicto con la Universidad de Guadalajara, ahora vive un pleito entre particulares , en donde el gobierno del Estado no tiene nada que ver, la decisión del poder judicial, en una disputa que hay entre particulares. Ese terreno fue vendido en el año 2008, y cuando ese terreno se vendió, hubo un momento del procedimiento de enajenación de ese bien, en el que la Universidad de Guadalajara, votó a favor de la venta del terreno, por ello invito a los medios a que de manera objetiva, revisen ese documento. Sobre la manera en la que este grupo, que secuestró a la Universidad, está utilizando a los estudiantes como carne de cañón, está usando dinero público para engañar, está usando a su canal de televisión y a su medio de comunicación para difundir mentiras .Esta es la universidad de los jaliscienses, no del señor Padilla…”
Enfatiza que el “clan” incondicional, seguidor o afín a Padilla López, avala el añejo secuestro de la institución, utilizada como trampolín para hilar negocios con ventajas muy claras que en nada abonan al propósito o función sustantiva, que es promover la educación, ampliar espacios, mejora académica y democratización operativa. Destaca la necesidad de clarificar cuestiones sueltas de la UdeG, donde el citado líder, ha privilegiado falsedades sobre muchos temas para atacar políticamente, las cuales tarde que temprano, caen por su propio peso.
Precisa que los tres estudiantes detenidos, o requeridos judicialmente, enfrentan el proceso antes citado, en libertad, y será la instancia correspondiente, la que determine lo jurídicamente correcto para este caso, no el Ejecutivo, como se ha hecho creer a la opinión pública. Subraya que su gobierno, perfectamente respeta, el libre derecho a la manifestación de las ideas.
Asegura que las disputas legales entre particulares, de ninguna manera tendrán la intervención del Ejecutivo, ya que es un asunto, reitera, que tiene que resolver el poder judicial.