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Leticia Arana
El plan B de Reforma Electoral, a leyes secundarias de la normatividad actual, propuesto por el presidente, Andrés Manuel López y pide apruebe el Senado, claramente pretende nulificar la organización de comicios, eliminar democracia, elevar la corrupción y privilegiar el clientelismo hacia un partido, considera, Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo del INE en Jalisco, al advertir que, de avalarse, desaparecerán 300 juntas distritales del país, como la que opera en este Estado:
“…Ese plan B, hay que decirlo con responsabilidad, prácticamente destruye al Instituto Nacional Electoral , le resta operatividad, pone en riesgo la organización de las elecciones en nuestro país, particularmente desmantela la estructura de quienes han sido capacitados y mostrado eficiencia en la organización de los comicios, porque uno de los aspectos que plantea, es la desaparición de las 300 juntas distritales ejecutivas, y, en lugar de ello, quedaría solamente un vocal operativo, y obviamente un solo funcionario, imposible que pueda realizar todas las actividades como la organización electoral, recorridos para seleccionar domicilios de casillas, programa de resultados electorales preliminares y las tareas de capacitación…”
Enfatiza que otro grave perjuicio, está en la pretensión de prescindir de vocalías del registro federal de electores, cuya principal y fundamental tarea, es mantener actualizado el padrón de electores, un documento vivo o medular, pues incluye las listas nominales de votantes r registrados a lo largo y ancho del país, quienes reciben atención en los 900 módulos del INE instalados en la geografía nacional, donde se resuelve la necesidad de identificación oficial.
Del mismo modo, subraya que el Plan B, sienta las condiciones para que el INE, realmente sea visto como no apto para organizar elecciones como lo ha demostrado durante los últimos 32 años, en que, como institución, garantiza la transición democrática, alternancia en distintos cargos de representación popular, como la presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones federales, senadurías y los congresos estatales.
Esta situación finaliza, de aprobarse, puede además de objetarse, impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los mismos partidos políticos, ciudadanía bajo su pleno derecho, y el mismo Instituto Nacional Electoral, considerando que se incurre en inconstitucionalidad, solicitada vía controversias. La idea es, procurar que no se pierdan los principios rectores de este organismo y nuestra democracia, como son: imparcialidad, legalidad, independencia, objetividad y autonomía.
