Leticia Arana
Puesto que la nueva Ley de Movilidad en Jalisco, aprobada el sábado pasado por diputados locales, prioriza derechos humanos, principalmente de peatones, grupos vulnerables, traslados accesibles, inclusivos y con perspectiva de género, se hizo necesario, duplicar en algunos de sus ordenamientos, el costo de multas, para garantizar un cumplimiento más integral, afirma, diputada, promotora de tal legislación, Mónica Magaña Mendoza:
“…Existe la obligación de todos los Estados del país, de homologar la hoy Ley de Movilidad, Seguridad Vial del país, por primera vez tiene una normatividad en torno a esto con el objetivo sustancial de dar orden y seguridad, a todo nuestro país, a todo nuestro Estado, y bajo ese mismo objetivo, es que nosotros hemos desarrollado esta nueva Ley. Estamos homologando temas prioritarios que desde la ley federal se disponían, para la seguridad de todas las personas, tenemos que recordar que todo siniestro vial, que todo accidente, incluso aquellas muertes que llegan a suscitarse por siniestros pueden ser totalmente prevenibles, es el principal objetivo, el segundo, es el que derecho humano a la movilidad, sea una realidad para las personas y entonces van a encontrar a lo largo de toda esta nueva Ley, nuevos mecanismos para que esto pueda ser accesible para todas las personas, atendiendo además prioritariamente a grupos en situación de vulnerabilidad. Esta no fue hecha desde el escritorio, es la ley más socializada de la presente legislatura. El 18 de mayo, su servidora presentó la iniciativa, fueron 87 mesas de trabajo con todos los gremios, con toda la sociedad civil organizada con academia, con representantes de gobiernos, instituciones internacionales, nos estuvieron apoyando para poder consolidar el proyecto. Fueron más de dos mil participaciones en esta construcción de la iniciativa y seis mesas de socialización y de trabajo conjunto para llegar al resultado que hoy tenemos; es con la absoluta visión de ayudar a todas y todos los jaliscienses de garantizar su seguridad cuando salimos, nos movemos afuera y dar más orden a nuestra ciudad y nuestro Estado….”
Destaca que entre los cambios, figuran infracciones de mil 443 pesos, por no respetar el derecho de paso a peatones, o invadir accesos a sus zonas; 962 pesos, a motociclistas que ignoren su carril de circulación o transiten por pasos a desnivel y puentes; cinco mil 772 pesos también a motociclistas, que lleven a menores de edad sin sujetarse por sus propios medios, o bien, transportar tres personas a la vez; dos mil 405 pesos, por conducir con menor de doce años, en asientos delanteros de vehículos, salvo aquellos que no cuenten con asientos traseros; También, se cobrarán dos mil 405 pesos, por usar el teléfono celular o cualquier otro dispositivo al ir manejando, sin manos libres; 19 mil 244 pesos, a quien participe en arrancones, carreras clandestinas, acrobacias, maniobras que pongan en riesgo la vida de quien lo realice y todos los activos de tal movilidad; dos mil 886 pesos, por exceder la velocidad más de 20 kilómetros por hora, del límite establecido y sea detectada mediante foto infracción u otro instrumento automatizado; dos mil 405 pesos, para quienes circulen en carriles compartidos diseñados para dar preferencia a transporte público, de emergencias y aquella no motorizada; 481 pesos a choferes de camiones urbanos que conduzcan fumando; más de 48 mil pesos, y de uno a seis años de prisión, más 500 jornadas de trabajo comunitario, para quien organice, promueva o participen en cierres y bloqueos arbitrarios de la vía pública, con fines personales.
Respecto a la tarifa del transporte público, que según aseguró el ejecutivo estatal, se mantendrá sin cambios durante lo que queda de este sexenio, indica que su modificación a partir de 2024, se hará anualmente, de acuerdo al parámetro inflacionario, es decir, se indexará según incremento de principales insumos del servicio, tras análisis y valoración de este, a cargo de un comité técnico, integrado por varios sectores, como el empresarial, comercial, académico, y ciudadano, que excluye al gubernamental.