Leticia Arana
Además de representar riesgos y contaminación visual, así como pérdidas económicas, urge que autoridades federales, estatales y municipales, presenten estrategias de regulación, al excesivo cableado aéreo, por servicios de telecomunicación o energéticos, en la vía pública, sostiene, Priscila Franco Barba, diputada presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso, tras proponer reformas y adiciones al Código Urbano de Jalisco, que permitan solucionar este problema:
“…Este problema como muchos otros que se han generado, involucra a los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipales, y a la iniciativa privada, sin olvidarnos de la sociedad civil, porque todos los días tenemos ofertas, para elegir qué servicio de telefonía fija vamos a elegir, internet, la televisión por cable , como problema multifactorial su solución también tiene que atenderse, así como una adecuada regulación de todos los postes, antenas y núcleos para el soterramiento de los cables. Eso no debe ver de manera unilateral, debe proyectarse desde una perspectiva de aplicación gradual y debe contemplar la participación activa y comprometida de las personas y actores que se involucran. Estamos apostando a construir suma de voluntades para que, de manera coordinada, el gobierno federal, el gobierno del Estado y los municipios, junto con las empresas de telecomunicaciones en sus diversas vertientes, podamos lograr con autoridades de planeación metropolitana, abordar con adecuado instrumento legal que proporciones seguridad jurídica a las partes, que vaya encaminado a retirar cableado obsoleto aéreo y la sustitución de este, por soterramiento del mismo…”
Indica que la revisión y análisis desde el Legislativo, a tal apuesta por un cableado subterráneo, con obvias implicaciones económicas, previamente expuestas en proyectos y planes urbanos, podría ser punta de referencia en el país. Dicho propósito ha sido expuesto en la primera de tres mesas mediante un ejercicio de parlamento abierto, para conocer opiniones y aportaciones de los directamente involucrados, y emitir dictamen conjunto, que soluciones la “maraña” de conexiones urbanas, y no solo dictar sanciones por excesos.
Se busca, añade, que prevalezcan lineamientos y requisitos que regulen el equipamiento de telecomunicaciones, a través de postes, antenas, instalaciones eléctricas o cables en o sobre ellos. Coordinación entre gobierno, empresas y dependencias como CFE, para garantizar la seguridad ciudadana cuando se detectan cables montados o peligrosos. Propiciar financiamiento de infraestructura propia municipal, con respectivas atribuciones, para la concesión de derechos. En si, que la prestación del servicio de telecomunicaciones, sea a través de equipamientos subterráneos, prohibir cableado aéreo, y que los alcaldes, puedan ordenar el retiro del que esté abandonado, o no cumpla con la norma para su instalación.