Leticia Arana
Hasta ahora, los esfuerzos para combatir las adicciones en Jalisco, siguen insuficientes, pues el consumo de droga entre personas de 12 a 65 años de edad, se ha triplicado, toda vez que, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, para el caso de varones, aumentó 200 por ciento, mientras que en mujeres, 203.1 por ciento, de ahí la urgencia de una Ley de Prevención, Atención Integral y Erradicación en esta Entidad, afirma diputado panista, promotor de la misma, Julio Hurtado:
“…Para resumirlo, pues es que el Estado le entre, a cumplir con su obligación, que busquemos desde una perspectiva propositiva, disminuir el problema de la drogadicción y consecuentemente todos los que se generan a través de la violencia, de los problemas de descomposición del tejido social y que lo hagamos en el marco del orden, de la claridad, de la definición perfecta del ámbito de competencias de lo que a cada autoridad le toca, que regulemos también el funcionamiento y esfuerzo que muchos privados, han venido haciendo, del establecimiento de centros de tratamiento que a veces, por la falta de pericia y profesionalismo, no funcionan de la mejor manera…”
Precisa que esta iniciativa de Ley, busca principalmente articular estrategias público privadas, para prevenir, detectar a tiempo, fomentar tratamientos y atención integral u oportuna de las adicciones que permitan su erradicación. Agrega que se legislará una normativa de prevención, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, además de exigir programas de contención, considerando los problemas sociales, económicos, y daño a la salud, que detona el consumo de cualquier tipo de droga, ir más de sus causas y raíz.
Así mismo garantizar que aquellos adictos a sustancias psicoactivas, reciban servicios y rehabilitación especializados, sin violencia, en instituciones avaladas por la Secretaría de Salud; para ello también el Consejo Estatal contra las Adicciones, establecerá convenios de colaboración con los 125 municipios de Jalisco, a fin de que sus instancias locales, garanticen estas acciones. Los centros de rehabilitación, añade, deberán sujetarse a la Norma Oficial Mexicana, tener su registro correspondiente. Finaliza al decir que, el incumplimiento a las disposiciones antes planteadas, ameritará sanciones, amonestación, suspensión provisional del centro, cancelación de recursos, clausura definitiva ante reiteración, y aquellas previstas en referida Ley, tomando en cuenta que las adicciones, son un asunto de salud pública.