Necesario Elevar hasta 40 años de Prisión, por Delitos Relacionados a la Trata de Personas, en Jalisco: CMT

Por: Leticia Arana
 

Puesto que tanto el Código Penal de Jalisco como la Ley General de Trata, creada en 2018, muestran poca claridad e inconsistencias, que han permitido la libertad o impunidad a los explotadores, es necesaria una trascendente reforma, que posibilite penas homologadas de hasta 40 años de prisión, para quien incurra en prostitución infantil, corrupción, lenocinio, sustracción, robo y tráfico de menores, afirma diputada, Claudia Murguía Torres, presidenta de bancada del del PAN:

“… Lo que estamos proponiendo, es una reforma profunda para que las conductas que están tipificadas en nuestro código dentro de estos cuatro delitos, sean homologadas las penas y que si dentro de estos cuatro delitos, hay conductas que se equiparen al catálogo que prevé la Ley General de Trata, entonces, puedan los Ministerios Públicos locales, remitir, porque así lo permite la Ley General del Estado, a la Ley General de Trata .Homologando las penas y dando la posibilidad de remitirlos a la Ley General de Trata, pueden ser elegibles a una pena de hasta 40 años, dependiendo del tipo de delito que se trata y de la conducta que se haya cometido, eso es lo que queremos…”

Enfatiza que considerando que la trata no es privativa de género, aunque particularmente tiene entre sus principales víctimas a mujeres y niñas, se justifica toda propuesta que erradique cualquier tipo de violencia a contra estas. Destaca así mismo que lamentablemente algunos destinos o municipios importantes de  esta Entidad, como Guadalajara y Puerto Vallarta, se han convertido en “paraísos “ para ejercer o promover la trata de personas y explotación sexual ; por tanto urge que los diputados, refuercen nuestras leyes y el código penal  para que emita penas ejemplares  para este tipo de crímenes .

Detalla que actualmente la normativa contempla para el delito de corrupción de menores, de tres a diez años de cárcel, prostitución infantil, de cuatro a siete años, gestión de adopción ilegal, de dos a seis años y el lenocinio, de cinco a nueve años.