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Leticia Arana
Aunque se reportó que número oficial de muertos, tras las explosiones en el sector Reforma de Guadalajara, aquella mañana del 22 de abril, hace 30 años, ascendió a 212, familiares de víctimas y residentes de la zona, aseguran que tal cifra, fue evidentemente mayor, por la destrucción de ocho kilómetros de calles, mil 142 viviendas, 450 comercios,100 escuelas y más de 600 vehículos, daños que a la fecha, siguen sin repararse totalmente, sostiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al presentar Informe Especial Caso 22 de Abril.
“… La misma Ley General de Víctimas, en sus artículos dos, fracción uno, establece el conocimiento de la verdad, de forma diligente y como parte de los derechos de quienes han sido afectadas y afectados por el Estado. Ante una deuda histórica que el Estado Mexicano mantienen hacia las víctimas de las explosiones, del 22 de abril de 1992, esta CDHJ, reitera la solicitud, para que las autoridades del Estado de Jalisco, particularmente quienes integran los poderes legislativo y ejecutivo, atiendan lo establecido por esta defensoría, en el informe especial, Caso 22 de Abril, considerando como hechos evidentes, la continuidad de los impactos y afectaciones que esta tragedia sigue provocando, tanto en las personas directamente involucradas, como la sociedad en general que vive en la incertidumbre de saber lo que realmente sucedió, quienes fueron las autoridades involucradas y cuál fue el deslinde de responsabilidades, incluyendo a las autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno, por lo que en consecuencia, no se ha cumplido con la reparación integral de los daños, bajo los estándares del derecho internacional, ante situaciones de graves afectaciones a los derechos humanos, como fue esta tragedia, que llenó de luto y dolor a cientos de familias y que a 30 años, continúan sufriendo ante la insuficiencia de acciones por parte de los gobiernos…”
Indica que citado abordaje busca garantizar la remediación de los perjuicios a las víctimas, e instituir una Comisión de la Verdad, integrada por sociedad civil, academia, gobierno, y representantes de las y los afectados. Cabe recordar también que, el monto de heridos o lesionados, se ubicó en mil 470, y 69 desaparecidos. La versión de autoridades, destacó que la conflagración, se originó por el derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara, en la colonia Álamo Industrial, donde proliferaban también, descargas de hidrocarburo a cargo de talleres y otras factorías, ello, añadieron, ocasionó gases explosivos en el recién construido sifón, colocado en el subsuelo de la Calzada Independencia.
Cabe destacar que vecinos de referido sector tapatío, alertaron varias horas antes, olores fuertes a combustible y humo, proveniente de las alcantarillas, pues los colectores de agua, estaban saturados de gasolina, aspecto que fue desestimado por las autoridades locales.
El gobernador, Enrique Alfaro, en el marco de este trigésimo aniversario de la tragedia, recuerda que desde 2019, aumentó a un millón y medio de pesos anuales, el recurso al Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social a damnificados del 22 de abril de 1992, con el fin de garantizar su atención, dotación de medicamentos y otros respaldos. Así mismo, enfatiza que aún el gobierno federal, no responde petición de hace dos años, para exigir a PEMEX, reconozca su responsabilidad en esta desgracia, que provocó conmoción internacional.
