Leticia Arana
Contrario a que la reducción de incidencia delictiva total en Jalisco, está por debajo de la media nacional, sigue fallida estrategia inicial para contener la violencia por razones de género y feminicidios, pues en 2021, la Entidad registró 71 de estos crímenes, mientras que en lo que va de 2022, suma seis, admite gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, al presentar esquema emergente, que permita contrarrestarlos, con presupuesto superior a 260 millones de pesos:
“…Y todavía más alarmante, como siguen creciendo año con año, las denuncias por violencia familiar, y los números en abuso sexual infantil y al mismo tiempo cuando vemos estos indicadores, lo que estamos haciendo es actuar con las herramientas que teníamos y a partir de la lógica de trabajo con la que habíamos arrancado este gobierno. Incrementamos en 18 por ciento las medidas de protección, sí, pero evidentemente entendemos que esto no ha sido suficiente. Llegamos a un Estado en donde se había soltado la agenda de seguridad, se había disfrazado, se había marginado, se había dejado como un tema que fue creciendo sin una reacción institucional seria. Hay que entender que esta estrategia pudo atender delitos muy específicos, pero fuimos viendo en el camino como iba creciendo un problema de otra naturaleza, un problema que no tiene que ver con un asunto de policías y patrullas, un problema de violencia que tiene que ver con otros factores, con otras circunstancias. Vimos como en estos tres años, en Jalisco los feminicidios rebasaron los 200, cifra que indigna y que duele…”
Precisa que el reto es mayor y aumenta, no así la voluntad institucional para ofrecer niveles de seguridad al sector femenino jalisciense, que ha manifestado, entre otros, sentir riesgos a bordo del transporte público; por otro lado, el aumento exponencial de llamadas al 911, donde diez mujeres reportan enfrentar agresión, diariamente. Lamenta que 40 por ciento de feminicidios se han cometido al interior del hogar, y, en la mitad de estos, el perpetrador, es un conocido o cercano de la víctima. Del mismo modo, destaca que entre 2019 y 2022, han vinculado a proceso a 130 feminicidas, así como a tres mil 014 generadores de violencia familiar, otros mil 002 por abuso sexual infantil.
La propuesta para revertir el problema o garantizar la prevención, atención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño, enfatiza, incluirá: aumentar la capacidad operativa especializada, ampliar la infraestructura institucional o más centros de justicia, fortalecer seguimiento a las víctimas de violencia, armonizar el marco normativo o jurídico e incrementar mecanismos de evaluación de riesgo.