Leticia Arana
Al subrayar que Jalisco, es un importante aportador de recursos a la Federación vía cobro de impuestos, resulta justo que reciba suficiente asignación presupuestal, mediante convenios de coordinación fiscal revisados periódicamente, de lo contrario, se accederá al derecho de manejar u operar, un sistema de recaudación propio, para no rendir cuentas, sobre lo que aquí se genera, sostiene Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez:
“…No solo se trata de conseguir más recursos para Jalisco, se trata de defender nuestra soberanía y la idea de que la cohesión nacional se construye desde el respeto a los Estados que conforman la República. Se trata de buscar un acuerdo justo que privilegie el esfuerzo que cada Estado hace para generar desarrollo y prosperidad, un acuerdo que reconozca el trabajo de cada Entidad, en lugar de estimular la apatía y la ineficacia. Un acuerdo que verdaderamente contribuya a la superación de la pobreza en lugar de profundizarla, un acuerdo que entienda que el principio de subsidiaridad con los Estados más pobres, en lugar de estimular la dependencia y las posturas comodinas de subsistir amparados en el trabajo de otros. Un acuerdo justo, solo eso…”
Aclara que la propuesta de reforma constitucional para que el legislativo local, revise continuamente los citados convenios de coordinación fiscal, establecidos por el gobierno federal, de ninguna manera significará romper con el Pacto Fiscal del país, sino evitar que las determinaciones unilaterales o verticales, ignoren la voluntad y competencia estatal, el trabajo público, el compromiso de los empresarios para generar empleo e inversión, eficiencia en el ejercicio del gasto y recaudación, así como las aportaciones económicas locales a la producción nacional .
Subraya que, debido a obvias diferencias demográficas, es inconveniente, aplicar a todos los Estados, un convenio genérico de coordinación fiscal, por tal motivo, Jalisco, no debe seguir firmando “cheques en blanco” con la Federación; es necesario, enfatiza, terminar con la irresponsabilidad y sumisión, pues representa ir en contra de los intereses, dignidad y soberanía estatal. Indica que la reforma propuesta, amerita una consulta ciudadana, a fin de que la decisión, tenga aval generalizado.