Leticia Arana
Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, atiende 35 carpetas de investigación sobre proceder delictivo, ya sea peculado, abuso de autoridad, desvío de recursos, tráfico de influencias y cohecho, ligadas a funcionarios o servidores públicos, precisa a este medio, su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, al destacar resultados en Puerto Vallarta, donde tres policías, están vinculados a proceso, además del ex director de recursos humanos de la comisaría, por abuso sexual contra menor de edad :
“…Estamos teniendo resultados, poco a poco, como saben de un año para acá, trabajando en Puerto Vallarta, y poco a poco se han ido dando resultados. Tuvimos este fin de semana otra vinculación con otro servidor público miembro de la fuerza única y ese se suma a la otra carpeta de investigación que ya tenemos que son miembros de la fiscalía del Estado, y que, en este caso, están suspendidos de sus labores. No resultamos cómodos, desde luego, porque estamos investigando compañeros servidores públicos, pero es una labor y debemos cumplir con ella. Hasta este momento tenemos presentados, tres ante el Juez dos que forman parte de la policía investigadora, quienes además de ser objeto de investigación complementaria, están suspendidos en sus labores. Lo relevante de esto, es que la conducta no queda impune…”
Destaca así mismo, que el sistema estatal anticorrupción de Jalisco, es referente nacional, no solo por el esquema para combatir delitos por abuso en la función pública, sino debido a que se tienen vinculadas a proceso a personas morales, o empresas, además de encabezar la presentación de un juez del nuevo sistema acusatorio, ante instancia judicial, para formularle imputación por ejercicio indebido de funciones. Del mismo modo, admite que actualmente, purga prisión, un comandante, por los hechos del pasado 5 de junio en Guadalajara, relacionados con manifestaciones en inmediaciones de la Fiscalía Estatal. Subraya que la instancia a su cargo, cuya función no es encarcelar corruptos, sino combatir sus prácticas, ha ordenado el escrutinio e investigación de ex secretarios, directores generales, objeto, inclusive de juicios de garantía, por los que algunos obtuvieron su libertad, y otros más, a quienes irremediablemente, según las evidencias, se les ha dictado orden de aprehensión.