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El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, informó que el gobierno federal invertirá este año casi 30 mil millones de pesos para financiar diversas acciones de seguridad, como exámenes de control de confianza de policías municipales, creación de penales, juzgados, unidades antisecuestro y plataformas de información.
En rueda de prensa, Poiré Romero aseveró que en materia de seguridad ?nadie puede dar un paso atrás?, por lo que habrá una inversión de más de 17 mil 300 millones de pesos a entidades y municipios con resultados concretos en la materia, y hasta 12 mil millones en financiamiento a través de Banobras.
Dichos recursos son para edificar salas de audiencias destinadas a juicios orales, impulsar la renovación y creación de nueva infraestructura penitenciaria y de otro tipo como centros de evaluación y confianza para acelerar esa transformación, detalló el funcionario.
?El presidente Felipe Calderón Hinojosa ha asumido con toda claridad y sin titubeos la responsabilidad de trabajar por la seguridad de los mexicanos, pero se requiere también el más firme compromiso de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en la depuración y modernización de sus cuerpos de seguridad?, comentó.
El responsable de la política interna del país remarcó que ?nadie puede dar un paso atrás en este tema que es de la más alta prioridad de los mexicanos?.
Al desglosar los 30 mil millones de pesos, especificó que 17 mil 300 millones se darán a las entidades que cumplan con las reglas de operación y los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y el gobierno federal.
Esto es, ?la entrega de los recursos estará acompañada de exigencia clara, firme e incuestionable por parte de la sociedad. Cada una de las entidades y municipios deberán dar resultados concretos que se traduzcan en mayor seguridad para la población?, explicó.
Para ello destacó la firma de convenios con siete entidades, mediante los cuales la administración federal transfiere recursos para la seguridad pública de estados y municipios.
Antes de que inicien las campañas electorales se firmarán la totalidad de los convenios con el resto de las entidades, añadió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
?Con la firma de estos convenios el gobierno se compromete a otorgar a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal la cantidad más alta de recursos que se haya hecho en la historia del país para apoyar su transformación en materia de seguridades justicia?, expresó.
El otorgamiento de los recursos se concretó a través de cuatro programas, que son el Fondo de aportaciones a la Seguridad Pública; el Subsidio para la Policía Acreditable; el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y el Programa de apoyos en materia de seguridad Pública.
Poiré Romero precisó que los recursos deberán ejercerse de forma transparente, racional y eficiente para que los policías sean certificados y profesionalizados desde altos mandos hasta elementos operativos.
Por otra parte, el funcionario urgió a consolidar la reforma estructural más profunda en materia de seguridad y de justicia en los últimos tiempos, esto es, el nuevo sistema de justicia penal.
Actualmente, recordó, tres entidades implementaron ese sistema y otras siete lo han hecho de manera parcial, pero para 2016 deberá operar en la totalidad del país.
El objetivo, abundó, es dar una respuesta expedita y pronta en materia de justicia a la exigencia de los ciudadanos. ?Es un plazo que no podemos darnos el lujo de postergarlo?.
Por ello, agregó, se han dispuesto hasta 12 mil millones de pesos en financiamiento por medio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) destinados a construir salas de audiencias para los juicios orales.
Además, para impulsar la renovación y creación de nueva infraestructura penitenciaria y de otro tipo como centros de evaluación y confianza para acelerar esta transformación.
A fin de apoyar a los estados, el gobierno federal signó un acuerdo en la pasada sesión del CNSP para que todas entidades cuenten con recursos necesarios para implementar el sistema de justicia penal, en particular en lo que se refiere a infraestructura.
?Para hacer un uso más rápido se ofrecerán a las entidades federativas recursos por hasta 400 millones de pesos para que puedan tener listos rápidamente sus proyectos ejecutivos y puedan pagar intereses respecto al financiamiento obtenido solamente a partir de 2013?, añadió.
